Por: Dra. Consuelo Rosillo
Columna: Justicia y Cultura de Paz
La impartición de justicia en México está viviendo uno de los cambios estructurales más ambiciosos de nuestra historia moderna: la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF). Esta reforma trasciende la técnica jurídica; es un acto de equidad que busca abatir las barreras geográficas para que el derecho sea verdaderamente igualitario, sin importar si un proceso ocurre en Sonora o en Querétaro. La homologación de los 32 códigos estatales en una sola legislación nacional elimina las disparidades que durante décadas generaron incertidumbre. Al unificar plazos, audiencias y recursos procesales, no solo simplificamos radicalmente el ejercicio de la abogacía, sino que garantizamos a la ciudadanía el mismo trato y las mismas garantías bajo un marco moderno de oralidad y digitalización.
Sin embargo, para comprender el verdadero impacto y la urgencia de este cambio, debemos mirar con honestidad la realidad de nuestras instituciones. A menudo, la ciudadanía percibe que la justicia es tardada, pero pocas veces se visibiliza la profunda saturación que existe detrás de los estrados. Nuestros juzgados, tanto civiles, familiares como penales, operan al límite de su capacidad. No hay personal suficiente para resolver con la celeridad deseada el volumen abrumador de expedientes que ingresan todos los días. Subrayar esto no es una justificación, sino un diagnóstico indispensable para entender que la lentitud del sistema muchas veces no es falta de compromiso por parte de los operadores jurídicos, sino de una crisis de recursos humanos frente a una demanda social desbordada.
Es en este complejo escenario donde la nueva legislación nos entrega la herramienta más esperanzadora: la consolidación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Bajo el mandato del nuevo Código Nacional, la mediación y la conciliación dejan de ser alternativas secundarias para convertirse en ejes transversales y soluciones de primera línea. Los MASC representan la vía más humana y efectiva para alcanzar una justicia pronta y expedita, devolviendo a las personas el poder de decidir sobre sus propios conflictos.
Un convenio alcanzado a través de la mediación tiene el peso legal exacto de una sentencia definitiva dictada por un juez. Esto significa que podemos resolver en semanas lo que un juicio tradicional tardaría años, despresurizando a nuestros tribunales y, lo más importante, protegiendo el patrimonio y la estabilidad emocional de las familias mexicanas. La justicia igualitaria ya está en la ley; ahora nos toca a todos apostar por la cultura de la paz para hacerla realidad.
