Querétaro, Qro.,- En el Partido de la Revolución Democrática siempre hemos estado en contra de aquellas medidas que encaminan al centralismo del poder y a la toma de decisiones de pocos, que afectan a muchos.
Cuando se pondera el beneficio de unos cuantos por encima de lo que nos beneficia como país, nos obliga a tomar postura. La decisión del Presidente Andrés Manuel, de regresar el poder y la autoridad educativa a un sindicato, siempre guardará el riego de que las decisiones que tome este último, se ajusten a modo de unos cuantos.
Las maestras y maestros merecen tener posibilidades de competir por plazas y espacios laborales seguros, no arriesgarlos a que un grupo pequeño que detente el poder, decida a quienes beneficiará.
Nuestro país necesita que se tomen decisiones fuertes y estratégicas, sobre todo en el ramo educativo. México merece estudiantes que accedan a educación de calidad y educación competitiva que les permita competir a nivel internacional.
Con la aprobación de la Ley General de Educación se regresa a los tiempos históricos donde el sindicato vendía, heredaba u otorgaba plazas a sus incondicionales. El Presidente de la República pactó con grupos corporativos y chantajistas a cambio de votos para su partido.
El menos precio al desarrollo educativo y científico cobra facturas muy altas a la larga, y su impacto es directo en el desarrollo de competitividad de las ciudades y estados. Mientras más débil es el proceso educativo y mientras menos autoridad tengan las instituciones formales y se concedan favores para unos cuantos, se hará más difícil la tarea de seguir adelante para las mexicanas y mexicanos.
