Toda una mafia en el ámbito de los antreros de la ciudad de Querétaro, principalmente Abogados, notarios y pseudo empresarios, ex convictos apadrinados por políticos conforman una red de complicidades que nos llevaron al 9 de noviembre. Los reportes de inteligencia revelan lo que nunca se había visto.
Juan Carlos Arreguín Baltazar, una de las cabezas más visibles, pero que representa solo la punta del iceberg, es actualmente funcionario público de la Presidencia Municipal de Querétaro. Desde que Luis Nava lo incorporó en el trienio anterior, advertimos del riesgo de contratar a un malandrín de esta calaña. Los resultados no se hicieron esperar. Arreguín Baltazar cuenta con un extenso expediente desde que robaba bodegas durante el sexenio de Pepe Calzada en el programa Soluciones. No tiene la culpa el indio, sino la flaca memoria de sus jefes.
Una marca indeleble quedó en lo sucedido en Los Cantaritos, con el tal Fernando González Núñez (La Flaca), conocido por todos en la zona del Mercado del Tepetate. Su acompañante, que también perdió la vida, tenía ramificaciones familiares en el municipio de Colón.
Una cauda de complicidades en diferentes ámbitos de la sociedad queretana, un río de dinero y otro de excremento, condujo a los hechos ocurridos el 9 de noviembre. El grupo Evory fue el gran beneficiado en todo esto y consolidó su presencia como líder de antros, sin que nadie los molestara o clausurara sus decenas de bares.
Hay un triple vínculo en todo lo sucedido, lo cual nos catapultó a los medios nacionales e internacionales debido a la masacre del antro Los Cantaritos. Todo comenzó con la muerte de dos músicos que le cantaban corridos al jefe del Cartel de Santa Rosa de Lima, El Marro. Eso no fue bien recibido por miembros de su rival, el CJNG, lo que motivó el asesinato de los dos músicos el 4 de noviembre, afuera del antro conocido como El Mezcalito. Luego vino la venganza del CSRL (Cartel de Santa Rosa de Lima), que masacró a tres personas relacionadas con el CJNG, que pretendían abrir una franquicia de un restaurante denominado Mr. Barbas.
La guerra entre estas dos células se declaró, y ocurrió lo que ya todo el mundo conoce: los del CSRL ejecutaron a dos integrantes del CJNG y asesinaron a ocho inocentes, hombres y mujeres que se encontraban en Los Cantaritos, con daños colaterales de 13 personas heridas. Un hecho terrible e inédito que dejó a la sociedad pasmada y temerosa, pues nunca habíamos tenido algo de esta magnitud.
Como suele ocurrir, el hilo se rompió por lo más delgado: se inició una cacería de brujas contra los dueños y prestanombres de más de diez antros, esos lugares de «esparcimiento» y generadores de la narcocultura que ya han alcanzado a Querétaro. En estos sitios se ha normalizado, glamourizado e incluso romantizado el fenómeno de la narcocultura y la violencia que ahora vive Querétaro.
En esta trama de complicidad y corrupción, la cabeza visible es Juan Carlos Arreguín Baltazar. El grupo Evory, que administra Héctor Cruz, y el empresario Raúl Isaac (a) El Mimoso, apadrinado de un alto político del estado de Querétaro, quien afirma que nunca lo tocarán porque es su ahijado, también tienen un rol importante. Otro personaje involucrado es Roberto Aguilar, sobrino del exalcalde Marcos Aguilar, quien extorsiona a decenas de antros, cobrando renta a propietarios y encargados. Todo un mar de fondo donde nadie sabe por qué se permitió tanta anomalía en las licencias municipales. Este es un caso para la Araña, afirman los equipos de inteligencia que investigan este y otros temas.
Continuará…
SEÑALES
Llamó mucho la atención que, en la reunión de seguridad convocada por el gobernador Mauricio Kuri, posterior a los hechos en el bar Los Cantaritos, no estuvieran presentes el Asesor de Políticas ni el Secretario de Seguridad del Municipio de Querétaro. Comienzan las especulaciones…
EN LA MAÑANERA
Siguen los homicidios en Querétaro. Noviembre de 2024 ha sido, hasta hoy, el mes más peligroso en la historia moderna del estado. El hecho de Los Cantaritos obligó a que la Federación interviniera con el Ejército y la Guardia Nacional. Por su parte, en su mañanera de inicios de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum y su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunciaron que Querétaro está en disputa territorial entre grupos delictivos de Querétaro y Guanajuato. Dicho de otra manera, sí hay operación de cárteles en la región, y mencionaron sus nombres. Muestra del cargamento de droga decomisado en Sonora y la detención del grupo “Los Ardillos”. Urge poner orden antes de la Feria Internacional Ganadera. No es casual que, con este ambiente, hayan aparecido mensajes de amenazas en una de las facultades de la UAQ. El horno no está para bollos.
ALERTA EN LA WEB
Llamó la atención que en la página de Facebook «Policías en Acción Querétaro» se publicara una amenaza en la que se mencionaba que, la noche del 9 de noviembre, personas habrían dejado una lona en el domicilio de un director de la SSPM de Querétaro, lanzando amenazas a distintos mandos de primer nivel en materia de seguridad, con la firma de un grupo delincuencial. ¿Habrá funcionarios públicos de alto nivel implicados en la protección de los malosos? La pregunta está en el aire.
OPERATIVOS
Los operativos de inspección a bares y restaurantes promovidos por el Secretario de Gobierno y distintos presidentes municipales otorgan presencia visible y momentánea de la fuerza pública federal y local en las calles. La ciudadanía lo percibe, al igual que los empresarios e inversionistas. Ojalá se haya medido el impacto a corto y mediano plazo, porque están pegando al avispero. La revisión de licencias de funcionamiento no lo es todo (solo es un paliativo). El verdadero problema está en la seguridad. La visualización de estas acciones pone en entredicho el trabajo de los presidentes municipales anteriores. Si las cosas están mal hoy, seguramente estuvieron mal desde su origen. Las revisiones de bares y restaurantes están siendo selectivas: solo a inversionistas foráneos y con aperturas recientes. Los que estaban desde 2023 para atrás, esos sí están bien… medida discriminatoria, pues. Con pinzas deberían atender este tema, porque así como apoyaron en la pasada elección, voltean bandera para 2027.
BOMBA DE TIEMPO
Denunciantes de acoso sexual y hostigamiento por mandos de una Comisión de Protección, que integra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no ven movilidad en sus carpetas integradas en la Contraloría del Estado a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría. Con pruebas, declaraciones y todo acreditado, siguen sin dar resolución a sus quejas, mientras que las personas denunciadas siguen cometiendo amenazas con el personal. La impaciencia crece cada día, y peor aún, porque refieren que la actual titular de esa Comisión se ufana en decir a los cuatro vientos que no le harán nada, porque es una persona muy protegida en el Gobierno del Estado. ¿Cómo va a ser?
