#Bitácoramultimedios 637.-
En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional, la controvertida
consulta popular de Andrés Manuel López Obrador. Esta consiste en que, mediante una pregunta a los
ciudadanos mexicanos, se les cuestione si se investiga y enjuicia a los exmandatarios, en caso de encontrarlos
responsables por la omisión o comisión de delitos.
En una resolución muy divida, donde 6 de los 11 ministros votaron a favor de la consulta; los Juzgadores
desecharon el proyecto que lo conceptualizaba como un “concierto de inconstitucionalidades”, por lo cual,
realizaron modificaciones, para que la interrogante se aprobara y quedara de la siguiente manera: “¿Estás de
acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para
emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Es importante recordar que 3 de los 6 ministros que votaron a favor de la interrogante, fueron elegidos en el
actual sexenio (Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ríos Farjat). Esta decisión histórica, debilita en
sobremanera la soberanía y solidez del Poder Judicial, el cual, era un verdadero contrapeso del Ejecutivo
Federal y que había obtenido un alto grado de aprobación al desechar la “Ley Bonilla”.
Como bien lo dijo el ministro Javier Laynez, “La Justicia no se consulta, se aplica”, los funcionarios públicos,
expresidentes y cualquier individuo que haya cometido o cometa un ilícito, tiene que ser enjuiciado y
castigado, ello no está en pugna.
La Suprema Corte, no puede ser utilizada como una oficina que valide y legalice las ideas sin fundamento del
presidente, ni emplearse como una instancia de persecución política.
Lamentablemente, el máximo tribunal constitucional de nuestro País, se vio doblegado ante un presidente
mañoso y vengativo, que, en el caso, de no haberse validado dicha consulta, los ministros correrían la misma
suerte que Eduardo Medina Mora. Lo que sucedió en la SCJN, pone en riesgo el Estado de Derecho y la
democracia en México.
