Santiago de Querétaro, Qro., 9 de enero de 2019.- La participación ciudadana, está más allá de un concepto que significa involucrarse en los asuntos que repercuten en su vida cotidiana, por lo tanto, debe ser valorado como un derecho garantizado en la Constitución Política de México. Por eso, es necesario que las personas se lo apropien para seguir avanzando, sobre todo, en el fortalecimiento de su inclusión en la toma de decisiones públicas, afirmó la diputada por Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez.
En la antesala de la iniciativa para reformar la Ley Estatal de Participación Ciudadana que propone Querétaro Independiente desde la Comisión que preside en la LIX Legislatura del Estado, se requiere que más personas se interesen y comprometan a ir más allá de ser parte de los procesos como los electorales, referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas, y transitar por la apertura de las estructuras gubernamentales, que es en donde está el reto mayor, pues es ahí en donde los ciudadanos influirían directamente en la construcción de los proyectos y acciones para el desarrollo que se llevan a cabo desde los gobiernos.
Y quienes más que los ciudadanos, para abordar las problemáticas, inquietudes y propuestas de los entornos que conocen, pueden evaluar y plantear cómo solucionar, destacó la diputada local Connie Herrera, quien argumentó el interés de Querétaro Independiente en fortalecer la participación ciudadana, como la garantía de derechos económicos, sociales, ambientales, culturales; así como la vigilancia del ejercicio público, la rendición de cuentas y por ende, la diminución de la corrupción en las estructuras de poder.
Esta plataforma entre gobierno y sociedad, derivaría en la construcción de políticas públicas legitimadas por la sociedad y respaldadas en su viabilidad, por las instituciones especializadas. Es una manera más cercana de rendir cuentas. Pero esto es una responsabilidad que debe querer asumir el ciudadano, porque se requiere un involucramiento continuo en el espacio público, que es lo que permite mantener el vínculo abierto entre sociedad y gobierno, señaló la diputada por Querétaro Independiente.
En este sentido, para fortalecer la gobernabilidad se requiere de las relaciones intergubernamentales y la participación ciudadana.
De acuerdo a la Constitución Política de México, la participación ciudadana está consagrada en:
· Artículo 35: derecho a voto en elecciones populares, así como consultas populares. Una participación que se limita a elegir.
· Artículos 25 y 26: en los que se especifica que el gobierno cuenta con la rectoría económica de la Nación y que su papel fundamental es lograr el desarrollo del país a través de un Sistema de Planeación Democrática; admite que el desarrollo del país es una tarea compartida entre el sector público, privado y social, e incluso señala que el Estado puede “participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”.
Otras leyes que consideran la participación ciudadana:
· Ley de Desarrollo Social: El Sistema Nacional de Desarrollo Social en el artículo 38, se define como “un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado”; integra la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social”.
· Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: propone un Comité de Participación Ciudadana y un Comité Coordinador. Es un ejemplo institucional de la posibilidad que tienen los ciudadanos para construir y proponer esquemas de relaciones intergubernamentales, para diseñar la manera en que deben ser llevadas las políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal a través de un sistema de coordinación nacional, en el que los ciudadanos tienen un peso prioritario en la definición de la agenda de trabajo y la capacidad de exigir a las instituciones y servidores públicos involucrados más y mejores grados de relación, coordinación e integración para lograr una implementación con más resultados.
