Por: Dra. Consuelo Rosillo
Durante décadas, el abandono económico hacia las infancias fue tratado, en el mejor de los casos, como un conflicto de índole estrictamente privada y, en el peor, como una carga que debía ser soportada en silencio por las madres cuidadoras. La exigencia de una pensión alimenticia solía traducirse en juicios interminables, desgaste psicológico y una burla sistemática por parte de quienes encontraban vacíos legales para evadir su responsabilidad. Hoy, el panorama en Querétaro ha dado un giro contundente. La operatividad de las nuevas disposiciones contra deudores alimentarios, respaldadas por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), nos demuestra que el Estado ha dejado de ser un espectador para convertirse en un garante activo del interés superior de la niñez.
Esta nueva realidad legal trasciende el simple exhorto moral para convertirse en un candado institucional de máxima seguridad. Para dimensionar la urgencia de estas medidas en nuestro estado, basta observar la magnitud del problema: cada año se enfrentan más de 20 mil juicios por pensión alimentaria en las instancias locales. Ante esta realidad, a partir de mayo de este año, evadir la responsabilidad de crianza conlleva la restricción absoluta de derechos civiles y administrativos fundamentales. Las dependencias gubernamentales han interconectado sus sistemas para garantizar que ninguna persona inscrita en el padrón pueda ocupar cargos públicos en el Poder Ejecutivo, municipios u órganos autónomos, ni siquiera bajo el esquema de honorarios. Esta restricción también cierra las puertas a la iniciativa privada infractora, prohibiendo su participación en procesos de adquisiciones y obra pública. De igual forma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene la tecnología para bloquear automáticamente la expedición o renovación de licencias de conducir; el mensaje es claro: no se puede gozar de los privilegios del espacio público ni hacer negocios con el gobierno cuando se han abandonado las obligaciones más sagradas en el espacio privado.
Es fundamental comprender que la inscripción a este padrón no obedece a señalamientos arbitrarios, sino a un proceso dotado de absoluta certeza jurídica. Un ciudadano no puede registrar a otro por cuenta propia; este mecanismo requiere la intervención de un Juez de lo Familiar. Para que el candado se active, debe existir previamente una sentencia firme o un convenio judicial incumplido. Una vez que la parte acreedora acredita la mora ante el juzgado, es el propio juez quien ordena la inscripción directa al sistema nacional, cruzando datos irrevocables como el RFC y la CURP. La única llave capaz de desactivar este bloqueo institucional es la liquidación total de la deuda acumulada ante la autoridad judicial, erradicando así la cultura de la simulación. Las estadísticas del padrón estatal son reveladoras: de los cientos de registros activos, donde más del 95% corresponden a varones y apenas una mínima fracción ha logrado salir tras regularizar su situación, lo que demuestra la permanencia y el peso de este candado legal.
Desde una perspectiva de justicia social y de género, estas medidas representan un acto de profunda reivindicación. Históricamente, ante la ausencia del pago de alimentos, han sido las mujeres quienes asumen dobles o triples jornadas laborales para evitar que sus hijos enfrenten carencias nutricionales o el abandono escolar. Al presionar económicamente al deudor desde las plataformas del Estado, se aligera esta desproporcionada carga y se rompen los ciclos de vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes.
La justicia no es un concepto abstracto; la justicia se materializa en la mesa, en la educación y en la salud de nuestras infancias. Querétaro está enviando un mensaje contundente a la sociedad y consolidando una verdadera cultura de la legalidad, demostrando que exigir el derecho a los alimentos no es un favor que se suplica, sino un derecho humano inquebrantable que hoy, finalmente, tiene la fuerza del Estado para hacerse cumplir.
¿Qué opinión te merece esta nueva implementación en nuestro estado?
