Ciudad de México.-La Diputada Federal, Mary García Pérez, celebró que la Ley General de Biodiversidad (LGB) se haya cancelado por no generar un bien general para la nación y por el contrario representaba un claro atentado contra los pueblos y comunidades indígenas del país.
Expuso que la Iniciativa de LGB es inconstitucional ya que en un primer punto no coincide el contenido de los artículos de la iniciativa de LGB con los artículos constitucionales a que se hace referencia, dijo “tiene errores sustanciales, al no invocar de la manera correcta los artículos constitucionales, lo que sin duda genera desconfianza y por supuesto una mala interpretación de la Ley”.
Mary García señaló que dicha ley no integra a los derechos indígenas y que la referencia al artículo segundo de la constitución en muy desafortunada, además de derogar tácitamente disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley Agraria y Ley de Desarrollo Rural Sustentable bajo el criterio de que la Ley posterior deroga a la anterior.
Comentó que la ahora cancelada Ley de General de Biodiversidad, se extingue al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la CONANP, y que no se señala la transición de las declaratorias a decretos de constitución así como quién se hará cargo de ellas bajo los nuevos organismos que se crean, “de tal forma que todas éstas inconsistencias son suficientes para sustentar la cancelación de una Ley que a todas luces, genera un retroceso, más que un beneficio.
La Diputada Presidenta de la Comisión de Cambio Climático, también mencionó que el Consejo Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad tiene facultades de autoridad que pueden ser impugnadas en amparo y que tal parece –dijo—“que quienes redactaron la Ley tienen despachos jurídicos para defender a los saqueadores de la biodiversidad, porque hubiera sido muy grave que podrían actuar como los “taxis tolerados”.
La legisladora agregó que el capítulo de sanciones administrativas también es muy pobre y que debería de verse a la luz de otras iniciativas que pretenden reformas en materia de inspección, sanción y vigilancia.
