Por: Paul Ospital
En el arranque de 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, Estados Unidos desató una ofensiva sin precedentes contra los cárteles mexicanos, no como un vecino solidario, sino como una superpotencia cansada de promesas vacías. El 20 de enero, la Orden Ejecutiva 14157 clasificó a grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, allanando el camino a sanciones financieras, bloqueos y, en última instancia, posibles intervenciones militares.
Fue el primer mazazo: los cárteles ya no eran simples delincuentes, sino enemigos en una guerra declarada. México, lidiando con la transición a la presidencia de Claudia Sheinbaum, sintió el impacto en febrero con aranceles del 25% sobre sus exportaciones, justificados por Trump como emergencia nacional ante el fentanilo que segó decenas de miles de vidas estadounidenses. Pam Bondi, Fiscal General, lanzó su memorando del 5 de febrero exigiendo la “eliminación total” de estas redes transnacionales, y el 27 de ese mes México extraditó a 29 capos, un gesto que Washington aplaudió como triunfo, pero que expuso la fragilidad: ¿por qué ceder tanto bajo presión?
La escalada no cedió. En marzo, Trump retumbó ante el Congreso que “los cárteles libran guerra contra América”, mientras Pete Hegseth, Secretario de Guerra, advertía en privado a funcionarios mexicanos que “todas las opciones están sobre la mesa”. Tulsi Gabbard elevó el fentanilo a amenaza prioritaria, con 54 mil muertes a cuestas, y el Tesoro sancionó al CJNG por lavado y robo de combustible. Las respuestas mexicanas —extradiciones, Guardia Nacional en fronteras— parecían gestos insuficientes. Trump lo dejó claro en su carta del 11 de julio: “insuficientes”. Kristi Noem, al mando de Seguridad Nacional, denunció en octubre cómo los cárteles ofrecían recompensas de 10 mil dólares por agentes de inmigración, retratando a México como un suelo donde los narcos mandan sin freno.
¿Progreso real? Decomisos récord y precursores químicos detenidos rumbo a Sinaloa suenan bien, pero Marco Rubio insistía en septiembre que la mera interdicción no alcanza: hay que “volarlos en pedazos”. Esta presión es un cálculo puro. Las etiquetas de terroristas activan arsenal letal: drones, fuerzas especiales, inteligencia a cuentagotas. JD Vance lo respaldaba en enero de 2026: México es el epicentro del fentanilo, y aranceles o cierres fronterizos serán la norma hasta “resultados tangibles”. Las mesas de octubre con Bondi, Noem y Trump hablaban de “destruir la infraestructura” narco, más allá de la mera defensa.
México ha cedido terreno —más extradiciones, colaboración financiera con visitas como la de John Hurley del Tesoro—, pero siempre a remolque. El 15 de diciembre, Trump catalogó el fentanilo como “arma de destrucción masiva”, y en enero de 2026 las amenazas tocaron suelo: “Vamos a empezar a golpear tierra firme”, prometió en Fox, aludiendo a operaciones en laboratorios mexicanos, incluso con la CIA o Delta Force si Sheinbaum no actúa primero.
¿Por qué fallan las acciones de la 4T? Porque son reactivas y tibias. La Guardia Nacional retrocede en Michoacán, los laboratorios clandestinos resurgen, y los precursores chinos fluyen por puertos impunes. Extradiciones heroicas ocultan que los capos renacen con alias nuevos. Sheinbaum proclama soberanía “valiente”, pero Trump la describe paralizada por narcos que “gobiernan” México. La estrategia gringa se cierra: designaciones terroristas habilitan acciones unilaterales, aranceles asfixian la economía, tensan el TMEC, y el Pentágono prepara opciones desde agosto.
El riesgo inminente es brutal. Si el “poco progreso” le parece a Rubio “inaceptable” en enero de 2026, ¿qué vendrá? Ataques quirúrgicos en Sinaloa, drones sobre Culiacán o tropas “invitadas” en un México arrinconado. No sería invasión masiva, pero sí afrentas a la soberanía que minarían a Sheinbaum, avivarían un nacionalismo antiyanqui tóxico y victimizarían a los cárteles. Todo esto fracturaría a la 4T, exhibiendo su incapacidad crónica.
Lo peor: caos fronterizo, cacerías reales contra agentes compartidos o venganzas narco en ciudades hermanas. México no es Venezuela aún, pero la paciencia de Trump se extingue.
A la 4T le urge un plan propio y contundente: inteligencia integrada, operativos selectivos pero firmes, asalto financiero total a la corrupción y capturar a los narcopolíticos en MORENA. De lo contrario, 2026 no será de diálogo, sino de sombras armadas zumbando desde el norte.
La duda no es si Washington apretará más; es si la 4T despertará antes de que el vecino rompa la cerca.
