Santiago de Querétaro, Qro. 5 de noviembre de 2018. La diputada Laura Patricia Polo Herrera, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la LIX Legislatura del estado, presentó la iniciativa de Ley que reforma el Artículo Tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro, sobre el derecho humano al agua.
Acompañada de su coordinador, diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes, así como de sus compañeros de grupo, de la Doctora Izarelly Rosillo Pantoja, investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y de representantes de colonos de El Refugio, la legisladora informó que el objetivo de la iniciativa, es garantizar la plena realización del derecho al agua, adoptando correctas medidas legislativas para lograr progresivamente la plena realización de este; “debemos de manejar el agua como bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico; fijar principios económicos adecuados en el manejo del agua, incluyendo precios justos y razonables para todos los tipos de usuarios; y retener la propiedad y el control público de las fuentes de agua”.
Señaló que las y los legisladores están obligados a adoptar medidas positivas para poner fin a la desigualdad de acceso al agua y el saneamiento, ya que advirtió, la falta de sostenibilidad, las disfunciones y los retrocesos afectan principalmente a los miembros más marginados de la sociedad.
“El derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento, forma parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y puede considerarse un requisito indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. El derecho de disponer de agua potable está estrechamente relacionado con el derecho a la salud física y mental; el derecho a la alimentación y nivel de vida adecuado; así como al derecho a la vida y a la dignidad humana”, refirió.
En ese sentido, la diputada Laura Patricia Polo Herrera, puntualizó que el fortalecimiento de la privatización y entrega del agua a la iniciativa privada, supone un riesgo para la seguridad nacional del recurso hídrico, “según las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en su rendición de la cuenta pública de 2015; una muestra de ello, con las deficiencias encontradas, donde se establece que irregularidades en el manejo presupuestal que ascendieron a 8 mil 301 millones, montos no aclarados que corresponden a contratos de la Conagua con diversas empresas, pagos indebidos e improcedentes”.
Finalmente indicó, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, especifica en su criterio, que el Estado garantizará que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible, tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo, que debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas.
