*Buscan evitar que se “borren” las iniciativas ingresadas por las diferentes fuerzas políticas en el próximo Congreso
Por Héctor Ayala
La Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura local (Jucopo) deberá analizar en las próximas semanas los pendientes legislativos para evitar que se “borren” las iniciativas ingresadas por las diferentes fuerzas políticas en el próximo Congreso y que entrará en funciones a finales de septiembre, así lo informó Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Jucopo.
De acuerdo con el legislador perredista, este viernes 27 de julio se sostuvo una reunión en la Jucopo, en la que, detalló, se determinó que los diputados que no obtuvieron la reelección -como es el caso de Sánchez Tapia- deberán de revisar sus propuestas y buscar que las iniciativas pendientes se dictaminen por los próximos diputados.
“En eso quedamos, en que haríamos una revisión con los proyectos parlamentarios para que efectivamente se puedan determinar o finalizar los trabajos correspondientes de los Plenos y evitar, por lo menos eso fue uno de los acuerdos, que haya planchazos, que se borren las iniciativas de un plumazo (…) Se tendrán reuniones en la Junta de Coordinación Política para ver cuál sera el actuar de todos los pendientes que hay. Yo espero que salgan, que se concluyan muchas de ellas”, dijo.
Algunas de las propuestas pendientes para la fracción del PRD -y que debido a los resultados del 1 de julio no tendrá representación en el próximo Congreso local-, son a decir de Sánchez Tapia, el aumento en el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); así como permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y una propuesta para aumentar las causales para la interrupción legal del embarazo.
Sobre la presentación de esta última propuesta y que anunció desde hace algunos meses, Sánchez Tapia afirmó que buscará ingresarla en Oficia de Partes antes de que concluya esta Legislatura. Afirmó que está propuesta busca que las leyes locales regulen la interrupción legal del embarazo por causas de salud, con la intención de “evitar criminalizar a las mujeres respecto a este tipo de situaciones”.
