Querétaro, Qro.- En sesión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura del Estado, integrada por los legisladores Verónica Hernández Flores, Miguel Ángel Torres Olguín y Néstor Gabriel Domínguez Luna, y en la que estuvo presente la diputada María Guadalupe Cárdenas Molina, aprobaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro.
Esta ley ahora se denominará como Ley de Protección a Víctimas y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro; de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado.
Verónica Hernández Flores, expresó que la propuesta presentada por el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, a través de su Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, busca promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Mencionó que también contempla adecuar y actualizar la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “La iniciativa de protección a víctimas pretende adicionar algunas fracciones para articular políticas públicas, a efecto de brindar la adecuada atención y protección a las víctimas; respetando su derecho a la preparación adecuada del daño sufrido. Por lo que una de las principales adiciones es ampliar el derecho de las víctimas a ser tratadas con humanidad y respeto en su dignidad”.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Torres Olguín, coincidió en que se lleve a cabo una adecuación en la normatividad interna en materia de protección a víctimas u ofendidos del delito, con la finalidad de salvaguardar el orden jurídico y la determinación constitucional que constriñe a la construcción de un marco normativo en apego a los principios contenidos en la Carta Magna, “esto con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas y de fortalecer el Estado democrático de Derecho, que solo puede ser producto del respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica”, finalizó.
