Ciudad de México.-El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar el programa de Cobranza Social y diseñar una política que ponga en el centro de su actuar el derecho humano a la vivienda, informó el Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
El propósito de esta agenda de colaboración es evitar afectaciones futuras a los derechos procesales de los derechohabientes, impulsar un programa de capacitación en materia de derechos humanos e implementar medidas de atención efectiva y oportuna a las y los trabajadores que presenten una denuncia por malas prácticas de cobranza por parte de despachos.
Adicionalmente, en conjunto con la CNDH se buscará la colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para definir un estándar de exigencia a los despachos de cobranza, a partir de la evaluación de sus métodos y resultados, además de dar mayor claridad y certidumbre en los procesos de escrituración.
Asimismo, la administración solicitó al Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración incluir en su programa de trabajo 2019 una auditoría para detectar responsabilidades, malas prácticas u omisiones en el proceso de recuperación de viviendas irregulares -conocidas como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas e Invadidas)- que hayan dado lugar a la adjudicación ilegal de inmuebles.
Lo anterior se suma a la suspensión temporal de los procesos de Subastas de Vivienda Recuperada, anunciada en diciembre pasado. Con estas acciones se podrán analizar detenidamente las causas del abandono de vivienda y diseñar soluciones para atender integralmente este fenómeno, con énfasis en la recuperación del entorno urbano.
El Infonavit es una de las instituciones financieras más sólidas del Estado Mexicano. Es la cuarta hipotecaria más grande de mundo y la primera en América Latina y la actual administración refrenda el compromiso con las y los trabajadores y su derecho a la vivienda adecuada, a través de una mejora de sus procesos, atendiendo todo el tiempo a la transparencia y la rendición de cuentas.
