Por Jerónimo Gurrola Grave
Dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Querétaro
Mucha controversia ha causado en el estado la aprobación de la Ley de Aguas por los diputados del PAN y Querétaro Independiente, de la LX Legislatura, el 18 de mayo, publicada en La Sombra de Arteaga el 21 del mismo mes, y que entrará en vigor a partir de julio.
Aunque a decir del Gobierno estatal y los diputados dicha ley tiene como objetivo regular la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, los queretanos ya no le creen porque a pesar de que según datos del Inegi, en 2020, 99 mil viviendas de familias queretanas carecen de este vital líquido a pesar de ser un derecho humano, los que hacen negocio con ella son los conocidos empresarios y políticos de siempre.
Por eso muchos grupos de estudiantes universitarios, ambientalistas, activistas y académicos, haciendo uso de su derecho de libertad de expresión y manifestación establecidos en la carta magna, han expresado su inconformidad y solicitado la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos (DDHQ), del gobernador Mauricio Kuri, y realizado protestas en el congreso local y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), como la realizada el 10 de junio en que luego de solicitar audiencia con funcionarios de la dependencia sin encontrar respuesta terminó en el cierre de la Avenida 5 de Febrero por 40 minutos, según las autoridades.
Como sabemos, fueron desalojados con violencia por elementos antimotines de seguridad pública estatal, y detenidos y llevados a la fiscalía tres jóvenes participantes, iniciando inmediatamente, como si estuviera preparada, una campaña mediática vía Twitter y medios de comunicación, todos en el mismo sentido y con las mismas palabras de reprobación de la protesta, encabezada por la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía y seguida por funcionarios y conocidos políticos.
Lupita Murguía, declaró: “Los manifestantes que agredieron a las fuerzas policiacas y a los ciudadanos fueron puestos a disposición de la autoridad, han recibido acompañamiento puntual de DDHQRO y hemos estado en comunicación con sus familiares. El orden y la paz serán siempre la prioridad de nuestro gobierno”.
“No se permitirá que se detenga una calle, sin embargo, las mesas de diálogo estarán abiertas”, justificó también el gobernador Kuri ante la represión de elementos policíacos contra del plantón de manifestantes por la Ley de Aguas.
Mi intención no es polemizar ni faltar el respeto a las autoridades del Estado. Al contrario, siempre hemos buscado diálogo y hemos sido respetuosos del Estado de Derecho. El plantón de antorchistas cadereytenses, por ejemplo, lleva más 80 días frente al Palacio de Gobierno, ante los rayos del inclemente sol e intenso calor, esperando que el gobierno cumpla su palabra, y haya respeto a la ley y a los compromisos firmados desde 2006 y 2021. Pacíficamente buscamos la intervención de la Legislatura local sin éxito, y hemos acudido a la DDHQRO.
¿Por qué entonces el gobierno “abierto al diálogo” se niega a cumplir y ejecutar los proyectos iniciados para llevarles agua (al fin que no la quieren gratis) a los miles de campesinos de tres regiones de Cadereyta de Montes, que llevan toda su vida careciendo de este servicio? ¿O en Querétaro sólo se aplica la ley a los de abajo?
Era esperable que la gente, conocedora de sus políticos, reprobara la privatización del agua, y su protesta ante la CEA es más que justa, no sin dejar de reconocer que quienes protestaban (aclaro que no estaba Antorcha Campesina, como declaró la secretaria Murguía), en su enojo y desesperación cayeron en la trampa de cerrar la Avenida 5 de Febrero y eso es totalmente reprobable.
Pero conociendo a los gobernantes, no dudo ni tantito, que haya sido el mismo gobierno el promotor de bloquear la avenida para lograr sus objetivos por partida múltiple: “salvar” a los ciudadanos de las hordas de “líderes, delincuentes, revoltosos y fuereños” que protestaban, desbloqueando la avenida con la fuerza pública; confundir a los queretanos para justificar la injusta e ilegal privatización del agua entre ellos; seguir negándose a cumplir los acuerdos con los campesinos antorchistas, utilizándose la posible solución del agua, como el disparo de la cabecera municipal de Cadereyta, políticamente para continuar en el poder.
@jgurrolag1
