- La autoridad municipal busca fortalecer las acciones de búsqueda y localización en caso de niñas, adolescentes y mujeres no localizadas
Al acudir como invitado de honor a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Observancia del “Protocolo Alba”, el Presidente Municipal de San Juan del Río, Pacheli Demeneghi Rivero, firmó el convenio de colaboración interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, para la aplicación y difusión del Protocolo Alba, a fin de fortalecer las acciones de búsqueda en caso de niñas, adolescentes y mujeres no localizadas.
El convenio de colaboración fue firmado por el Fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo; así como por el Secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, y los Presidentes Municipales de San Juan del Río, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Cadereyta, Huimilpan, Amealco y Colón, resaltando el compromiso interinstitucional de las autoridades estatales y municipales para eficientar las acciones de búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y mujeres no localizadas, con un enfoque de perspectiva de género y no discriminación.
El Edil sanjuanense manifestó que con esta acción el Gobierno Municipal de San Juan del Río se adhiere a las disposiciones pertinentes para la correcta aplicación de dicho esquema, de acuerdo a los lineamientos que emita la Fiscalía General del Estado, “demostrado el compromiso de la autoridad municipal por implementar acciones que permitan salvaguardar la integridad de este sector de la población”, indicó.
Luego de señalar que Querétaro es una de las 10 entidades del país en implementar el Protocolo Alba, el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, indicó que la seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado. Por ello, los trabajos interinstitucionales son trascendentales para llevar a cabo esta función constitucional de manera eficiente.
En este sentido, destacó la coordinación que con éxito se ha establecido con instituciones y autoridades del ámbito estatal y municipal, para homologar la actuación y establecer procesos para el inicio de las acciones de búsqueda muy específicos, en los que se garantice la inmediatez y el respeto irrestricto a los derechos de las personas.