Por: Arturo Maximiliano García
Finalmente la mayoría del PAN y PRI en la legislatura saliente, optó por elegir a un nuevo fiscal general del Estado por un periodo de 9 años, esto a pesar de diversos mensajes, política y jurídicamente sustentados por parte de los legisladores electos de Morena, PT y Verde, quienes planteamos la necesidad de un proceso transparente, abierto, democrático, que reconociera la nueva composición de la cámara de diputados y privilegiara la autonomía en la designación de tan importante cargo, sin embargo solo hubo oídos sordos.
En consecuencia funcionarios electos de oposición acudimos a una sede alterna del congreso, resguardada desproporcionadamente por policías, negándonos el acceso, esto a pesar de que las sesiones deben ser públicas.
Ese mismo día, se reformó la ley orgánica del poder legislativo, para intentar que las decisiones en el congreso sigan siendo tomadas por PRI y PAN, contra el mandato popular dado el 2 de junio pasado.
Ahora el poder legislativo deberá aguardar el resultado de diversos juicios frenando su adecuado funcionamiento.
Ganó el autoritarismo, perdió el diálogo y los acuerdos basados en el nuevo mandato
