La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó al gobierno de Estados Unidos que “no hay pruebas suficientes” para sustentar las solicitudes de detención con fines de extradición en contra de 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el requerimiento formal fue enviado inicialmente por las autoridades estadounidenses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual turnó el caso a la FGR para verificar si existían los elementos jurídicos necesarios para proceder con las capturas.
“La fiscalía contesta: no hay pruebas, no hay suficientes pruebas, y se le dice a Estados Unidos a través de Relaciones Exteriores”, precisó Sheinbaum Pardo, tras aclarar que la FGR no cerró el expediente, sino que abrió una investigación interna para analizar a fondo los señalamientos y determinar posibles responsabilidades bajo la legislación mexicana.
El caso cobró relevancia tras la difusión de versiones sobre las solicitudes de detención provisional emitidas por la justicia norteamericana contra este grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les vincula presuntamente con operaciones del Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Rubén Rocha Moya no cuenta con una ficha roja activa por parte de Interpol, luego de realizar las consultas correspondientes en los sistemas de registro nacionales e internacionales.
Al respecto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que este mecanismo internacional opera estrictamente como una alerta de localización geográfica y de ninguna manera representa una orden de aprehensión en territorio nacional. “No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, enfatizó el secretario, tras puntualizar que cualquier ejecución requiere una validación previa por parte de las autoridades mexicanas.
En el plano de análisis jurídico, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, expuso que las peticiones estadounidenses se encuentran fundamentadas dentro del tratado de extradición bilateral vigente, por lo que no representan una injerencia a la soberanía. No obstante, advirtió que la postura del gobierno federal de catalogar la respuesta como “insuficiente en pruebas” podría interpretarse como una reacción “muy débil” orientada a “ganar tiempo”, en un escenario complejo que ya incluye señalamientos sobre el presunto uso de recursos ilícitos en procesos electorales.
