Ciudad de México.-La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hay que exigirla judicialmente, porque el Gobierno actual ha detenido la conformación de sus herramientas, dijo la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Durante la presentación del libro “El movimiento por nuestros desaparecidos en México y su camino hacia la incidencia legislativa: la siembra colectiva, una apuesta por la esperanza”, señaló que el Consejo Nacional Ciudadano establecido en la Ley -integrado por familiares, especialistas y representantes de organizaciones civiles- debe ejercer su función y exigir que ésta se aplique; además de estar atentos a las decisiones en la materia que tome la siguiente Administración Federal.
Cristina Díaz Salazar, senadora con licencia, dijo que no se puede hablar de una sociedad democrática si no están insertados en ella los derechos humanos; y la desaparición forzada ha crecido “como nunca antes en la historia”, lo que vulnera la dignidad, libertad y la seguridad de los mexicanos.
Refirió que se debe luchar por que se respeten los derechos de las víctimas, y que el contenido del libro ayudará a cumplir los fines de la Ley: prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada en México.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, comentó que para la siguiente Administración Federal debe ser una prioridad el combate de la desaparición forzada de personas, desde aquellas que se remontan a la llamada “guerra sucia” hasta las más recientes.
Subrayó que también deberá buscar a las personas desaparecidas, e investigar a los perpretadores y otorgar justicia a las víctimas; así como garantizar atención a las familias y adoptar medidas para que no se repita dicha situación.
Paulina Cerdán Corona, del Centro de Colaboración Cívica, dijo que el libro reúne una reconstrucción histórica de los momentos que vivió el movimiento como actor central en el proceso de construcción de la Ley.
Aseguró que la conclusión del documento es una invitación abierta a que la reflexión continúe, y se dé la oportunidad de que las familias, los actores internacionales que acompañan y los tomadores de decisión trabajen en conjunto.
Grace Fernández, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, resaltó que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal no deben tener excusa para trabajar con la Ley, y que las familias insistirán hasta que se encuentre al último de los desaparecidos, “ya basta de justificarse con el crimen organizado”.
Subrayó que es fácil ir a decir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hay una Ley, que no se implementa efectivamente, y una comisión especial de búsqueda, sin funcionarios o presupuesto ejercido.
