Por Arturo maximiliano García
La reforma al Poder Judicial de la Federación ha sido sin duda una de las más controvertidas que se ha dado en la historia contemporánea con respecto a los poderes del Estado, equiparable quizá a la reforma sobre la integración de la Corte de 1994, así como, en el poder legislativo, por la reforma de 1963 que estableció la creación de los diputados de partido, así como la de 1977, en el sexenio de José López Portillo, impulsada por Reyes Heroles, que creaba las diputaciones plurinominales por circunscripción geográfica.
El nuevo esquema para elegir a ministros, magistrados y jueces, que de acuerdo con la reforma publicada el 15 de septiembre de 2024, será por elección libre y secreta, marca una diferencia diametral con respecto al procedimiento de propuesta del Ejecutivo al Senado, en el caso de los ministros, donde el Presidente de la República tenía el monopolio, no sólo de enviar a la cámara alta a la o las personas que él determinara unilateralmente, sino que en caso de que los legisladores no se pusieran de acuerdo para lograr el nombramiento por mayoría calificada, terminaría siendo el propio Ejecutivo quien designaría a la persona que ocuparía las vacancias de ministro.
Los jueces y magistrados federales anteriormente eran designados por un Consejo de la Judicatura que a su vez estaba encabezado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así entonces, el cambio consiste principalmente en democratizar el sistema de elección, antes designación, de los juzgadores en México, lo que dicho por algunos de sus críticos generaría desconfianza de los inversionistas al ser, según su conclusión, una amenaza a nuestro estado de derecho.
A algunos les preocupaba particularmente el “qué dirán” de los norteamericanos, principal socio comercial e inversionista en nuestro país, pero parece que los papeles se han invertido. Mientras que nosotros nos ocupamos en debatir el proceso democrático para elegir juzgadores, que puede o no servir su objetivo, pero no podemos anticipar su ineficacia, nuestro socio, se pasa por alto todos los días las reglas del TMEC, convirtiéndolo en letra muerta.
La Unión Americana, famosa por su democracia y por tratar de exportar ese modelo al resto del mundo, junto con el capitalismo, ha sido escenario de los movimientos más nocivos contra su propio sistema, como el intento por echar abajo la elección de 2020, la toma del Capitolio, un nuevo gobierno federal que está gobernando a base de decretos presidenciales, ignorando las decisiones de las cortes norteamericanas y, a pesar de tener mayoría, evitando a toda costa someter sus decisiones al Congreso.
Más aún, el actual presidente, quien cumple su segundo periodo, ha señalado, ya con seriedad, que buscará un tercer periodo al frente del país, a pesar de que la enmienda 22 lo prohíbe. Trump ha señalado que sí existen métodos para que no se tome como una broma la posibilidad de ejercer un tercer periodo presidencial.
En una violación constitucional más directa hacia nuestro país, Trump también ha firmado un decreto que niega el derecho de los migrantes nacidos en Estados Unidos para obtener la ciudadanía, en contradicción a la enmienda 14 de su Constitución.
En contra de sus propias normas, el actual gobierno de Estados Unidos ha cesado a diversos funcionarios, a quienes la ley les concedía inamovilidad en sus cargos, varios de ellos en funciones de contrapeso en temas de ética gubernamental y otras actividades de supervisión. Además, al menos 300 estudiantes de diversas universidades han sido deportados, a pesar de contar con visas vigentes, mismas que han sido revocadas en buena medida en violación de sus derechos.
Entonces, deberíamos seguir preocupados o incluso apenados por lo que pensarán los inversionistas de la decisión del congreso mexicano, que, en términos constitucionales, reformó la forma de elegir a los juzgadores en el país, o realmente estar alerta de qué nos depara el futuro en la relación con nuestro vecino y hasta hoy socio comercial, cuando el verdadero estado de derecho que se está violentando es uno que jamás pensamos se pondría en riesgo, y por ellos mismos, el de Estados Unidos de América.
