Se debe replantear la estrategia, ya que cerrar ductos afecta a los ciudadanos y la vida productiva del país.
No debe atentarse en contra de los derechos ciudadanos.
Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de enero de 2019.- El gobierno federal tiene la obligación de presentar a los responsables del robo de combustible en México y aplicarles cárcel perpetua, ya que se requiere un castigo ejemplar que contribuya en los procesos anticorrupción.
En cuanto a la logística de abastecimiento de combustible por el cierre de los ductos, requiere el replanteamiento de una estrategia integral que por un lado impida que sigan lucrando con el combustible y por otro, no afecte la calidad de vida de los ciudadanos, así como productividad del país.
Así lo señaló la diputada por Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez, respecto del escenario actual que se vive en por lo menos 10 entidades de México, en donde se presenta falta de combustible para abastecer a los usuarios, debido al cierre de los ductos de Petróleos Mexicanos por el robo de hidrocarburos.
“Se debe apostar a que los abusos de poder, así como el detrimento por robos de combustibles al interior de la paraestatal, no sólo sean exhibidos, sino que, al detectar a los responsables, se les dé cárcel perpetua por hurtar los bienes de la Nación. No solo es decir cuantía en barriles y monto en pesos, sino el mayor encono seguirá creciendo entre la población de no llevarlos a las celdas, que impere el orden que ejerzan las leyes y que el líder sindical responda; queremos las y los ciudadanos de una vez por todas, todo el peso de la ley para quienes abusan de cargos, así también los corruptos”.
En este sentido, la legisladora por Querétaro Independiente, exhortó al gobierno federal para que se garantice el Estado de Derecho en el país y se elimine la impunidad: “no atentar con los derechos que los mexicanos, tenemos para seguir produciendo en el país; es necesario –insistió-, castigar a los culpables, ya que esto abonará sin duda, a que los mexicanos recuperen la confianza y nuestros niños y niñas, recordarán un México donde no cabe el hurto, la complicidad y donde se castiga a quien atente contra el bien general”.
El robo de combustible le cuesta a México entre 60.000 y 80.000 millones de pesos al año. En diciembre de 2018, el Congreso de la Unión, aprobó la extinción de dominio sobre bienes relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
En este sentido, anticipó que se deben impulsar estrategias de inteligencia específicas y de acuerdo a los daños que el robo al combustible ha causado al país, y un marco normativo que garantice la aplicación de la ley, a fortalecer la confianza en el país para la llegada de inversiones y mantener para los ciudadanos, la estabilidad para su desarrollo, destacó la diputada local.
