*** El tema estuvo plagado de irregularidades y de manejo faccioso de la información mediante acordeones.
*** Esto inclusive enfrentó a los titulares de las diferentes carteras dentro del INE, y hubo opiniones divididas
Abigail Arredondo Ramos, Presidenta Estatal del PRI en Querétaro, mencionó que con responsabilidad y convicción democrática, se ha tomado la decisión de presentar un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, con el propósito de impugnar la elección judicial celebrada el pasado primero de junio, no como un acto de confrontación, sino un llamado firme en defensa del voto libre, la equidad en las contiendas y los principios constitucionales que deben regir cualquier proceso democrático.
Lo ocurrido en esta elección judicial no puede ni debe normalizarse. La jornada estuvo marcada por graves irregularidades, donde se destaca el uso masivo y sistemático de los llamados “acordeones”, documentos con listas de candidatos distribuidos clandestinamente y de manera orquestada en todo el país, particularmente entre beneficiarios de programas sociales y en dependencias públicas. Se han identificado al menos 37 modelos distintos, todos con un patrón claro: coincidencia del 80 %–85 % con los resultados electorales finales, lo que evidencia una estrategia nacional de manipulación e inducción al voto.
El propio INE reconoció anomalías significativas: 3.7 millones de votos fueron invalidados en 818 casillas por conductas atípicas como boletas sin doblez, votos idénticos, y participación estadísticamente improbable. En Michoacán, una casilla reportó más votos que electores registrados, y en Chiapas, hubo casillas con participación superior al 100 %. Estas situaciones no pueden considerarse errores aislados, sino pruebas de una operación sistemática.
Además, dijo Abigail Arredondo que la participación ciudadana fue de sólo el 13 %, reflejo de la desconfianza, la complejidad del proceso, el ambiente de inseguridad y la falta de condiciones para ejercer un voto libre e informado. Esto compromete seriamente la legitimidad de la elección y su validez constitucional.
