Por Jerónimo Gurrola Grave
Allá por 2004, cuando la popularidad de Andrés Manuel López Obrador se incrementaba dijo: “Es innegable que en los últimos años México ha avanzado en el terreno democrático. Hay alternancia política y los gobiernos, en sus diferentes niveles, gozan de una mayor legitimidad. Ya no predomina un solo partido; las elecciones son más limpias y libres; los poderes han empezado a funcionar en equilibrio y cada vez se actúa con mayor tolerancia y respeto a la pluralidad política”.
En 2018, ya como presidente y con la tentación de continuar en el poder directamente o a través de otros, declaró que: “Se establecerá una auténtica democracia. Nunca más una imposición; se dejará de usar el dinero del erario para comprar votos y lealtades; la propaganda gubernamental en medios de información no será tendenciosa ni demagógica; se acabarán las trampas y el fraude: las autoridades electorales tendrán absoluta independencia para proceder con estricto apego a la Constitución y a las leyes. Nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo.
A partir de allí se ha dedicado a atacar despiadadamente, con toda impunidad, lo mismo a ex presidentes de la República que a políticos de los diferentes partidos de oposición, organizaciones sociales, periodistas, y a funcionarios de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encargados de organizar, normar, vigilar y garantizar elecciones limpias y democráticas en el país, como la elección del mismo López Obrador, en julio de 2018.
Su obstinación y rencor por no haber logrado su triunfo en 2006 ante Felipe Calderón y 2012 con Peña Nieto, lo han llevado, desde el poder, a atacarlos irracionalmente, de todo y por todo, y proponer una reforma constitucional para apoderarse de estos organismos electorales y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.
La reforma sometería además al voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del TEPJF, eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de «propaganda» para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder, que por tratarse de una reforma constitucional, los votos requeridos para su aprobación eran 334, pero no les alcanzó, pues los diputados de oposición sumaron 225 votos.
Al no alcanzar las tres cuartas partes de los integrantes del Congreso, AMLO, ambicioso y terco como es, propuso entonces su “Plan B” al Legislativo, consistente en reformas a las leyes secundarias con el voto de la mayoría simple en las Cámaras, que Morena y sus partiditos, el Verde y el Partido del Trabajo, fue aprobado, incluyendo el traspaso de votos de Morena a estos partidos, con que garantizaban mantener el registro y la aplicación de esta reforma en los estados de México y Coahuila, donde en julio próximo se elegirá gobernador, ambos aspectos finalmente descartados por la Suprema Corte, debido a la queja de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos, PAN, PRD, PRI y MC.
Aun así, de no ser vetada la reforma por la SCJN, tal y como la ha propuesto López Obrador y su partido, las graves implicaciones serán: reducir la plantilla laboral en un 85% con contrataciones de personal que no se habrá sometido a procesos de selección como el concurso público, ni garantizar independencia y profesionalismo de quienes se recluten en forma temporal.
La eliminación de las 300 Juntas Distritales, encargadas de realizar el trabajo en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones, que será sustituida por una sola persona que tendría bajo su responsabilidad, las tareas legales. Reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas locales y pasar a tres vocalías, recortando 262 plazas de trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Igualmente, se eliminará la actualización del padrón electoral, la lista nominal de electores y seguimiento de las actividades de los módulos de atención ciudadana, entre otras muchas tareas claves que garantizan limpieza y pulcritud que dan confianza al electorado.
Razón por la cual los mexicanos saldrán nuevamente a la calle a exigir la intervención a la Suprema Corte, para frenar el abuso de poder de AMLO y Morena, y garantizar la democracia, que redunde en paz y desarrollo para todos los mexicanos.
