Por Jerónimo Gurrola Grave
Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista en Querétaro
Quizás sirva recordar que, en 1910, cuando Francisco I. Madero compitió por la presidencia de la República contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder, desde 1876, las elecciones eran sólo un trámite para legitimarse. Este tenía el control de las instituciones y la constitución de 1857, vigente, permitía su reelección. En medio de este régimen tiránico, Madero, empresario educado en el extranjero, interpretó con exactitud las circunstancias de hartazgo y se lanzó por la presidencia.
El Plan de San Luis, manifiesto político promulgado el 5 de octubre de 1910, convocaba a levantarse contra el porfiriato y establecer elecciones libres bajo el lema: “Sufragio efectivo, no reelección” que condensaba lo principal de su propuesta política: el sistema reeleccionista era un lastre para el país y exigía elecciones respaldadas por la voluntad popular.
Había problemas políticos, económicos y sociales: gran descontento entre los campesinos por el derecho a la tierra, enfado del empresariado nacional aislado por intereses de potencias extranjeras y problemas de marginación e injusticia social, etcétera. Estas demandas encontrarían en Madero el medio para encabezar el debate político nacional. Todo esto sería el contenido de las demandas revolucionarias que sacudieron al país en años posteriores. Madero inició la revolución mexicana con el levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910, provocando la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, asumiendo el poder.
En 2018, luego de dos intentos fallidos de llegar a la presidencia y a punto de irse a su rancho, allá por Palenque, Chiapas, algún conocedor del gran resentimiento de los mexicanos hacia quienes históricamente han tenido al país en la pobreza, le vendió a López Obrador, la idea de prometer que desde el poder combatiría la corrupción. Y sí, después de infinidad de raterías y actos de corrupción de los gobiernos del pasado, como con Madero, las condiciones estaban dadas, era el momento para llamar al pueblo poco politizado a saciar sus ansias de venganza.
Para aparentar rectitud, honestidad y supuestamente combatir la corrupción, ha insistido: “Lo que queremos es gente honesta, que los servidores públicos sean 99% honestos y 1% capaces”, y demagógicamente incluyó en el grito de independencia, del 15 de septiembre, la arenga: “Muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo”. Pero sus ocurrencias nomás no funcionan; sus resultados son desastrosos en el terreno de la honestidad y de su capacidad.
Ejemplo de ello es lo revelado por Roberto Salcedo, Secretario de la Función Pública del gobierno federal, quien recientemente detalló las irregularidades cometidas en el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), creado a partir de la concentración de Liconsa y Diconsa. Explicó que tanto la SFP, la Oficialía Mayor de Hacienda, la Segob, la SADER y la Procuraduría Fiscal formaron un grupo especial para investigar los resultados de diversas auditorías y denuncias presentadas por servidores públicos por la falta de rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Se investigan “actos de corrupción de algunos servidores públicos”, dijo. El total de las observaciones asciende a 9 mil 500 millones de pesos, se han presentado 38 denuncias y 15 carpetas de investigación por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
A pesar de las raterías del jefe de esta dependencia, Ignacio Ovalle, López Obrador, inconsecuente con su campaña anticorrupción, en lugar de aplicarle la prisión preventiva oficiosa que aplica a sus opositores políticos, explicó que el Secretario de la Función Pública informaría en una próxima conferencia mañanera posibles hechos de corrupción en Segalmex.
Rosario Robles fue encarcelada tres años en el penal de Santa Martha Acatitla y sigue su proceso en libertad, acusada de desviar de 2 mil 200 millones de pesos en el esquema llamado la “estafa maestra” mientras que, a Ovalle, cercano a López Obrador, por presentar un faltante de 9 mil 500 millones de pesos sigue cobrando en la Secretaría de Gobernación como encargado del Instituto Nacional para el Federalismo.
