Bitácora diario.-
Santiago de Querétaro, Qro., 3 de junio de 2020.- “De seguir autorizando cambios de uso de suelo en zonas de preservación ecológica y la construcción de viviendas y complejos habitacionales, se estaría decretando el colapso ambiental de nuestro Estado, pues estas zonas representan un acervo importante de recursos naturales y biodiversidad, por lo que el cuidado de la misma debe ser esencial para el futuro de la entidad como contención de fenómenos climáticos”, precisó el diputado representante del Partido Encuentro Social (PES) en la LIX Legislatura local, Ricardo Caballero González.
Por ello presentó ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la Iniciativa de acuerdo por el que se exhorta a los 18 municipios y a los titulares de su presidencia municipal, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones y estrategias conducentes para proteger las zonas de preservación ecológica, incluyendo el denegar o suspender solicitudes para la autorización de cambio de uso de suelo en dichas zonas.
El legislador consideró que los municipios son fundamentales para emprender acciones en el cuidado y preservación del medio ambiente, ya que tienen entre sus facultades la autorización de usos de suelo, y debe guiar en su actuar, el interés de la sociedad y la protección del derecho humano a un medio ambiente sano y evitando la depredación de zonas específicas que representan un punto de equilibrio para contrarrestar los efectos nocivos del cambio climático y la extinción de las especies.
Asimismo, el diputado Ricardo Caballero presentó un exhorto al Ayuntamiento del municipio de Querétaro, y al titular de su presidencia municipal, a efecto de que en términos de sus competencias informen el estatus del fraccionamiento Puertas de San Miguel y que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condicionantes establecidas en la licencia de ejecución de obras de urbanización, se lleven a cabo las acciones legales en contra del desarrollador inmobiliario de dicho fraccionamiento o contra quien resulte responsable por la omisión en el cumplimiento de las mismas y se realicen las medidas pertinentes para exigir la entrega del fraccionamiento. Además de instruir al desarrollador a realizar las obras de conexión de drenaje de las viviendas existentes.
El coordinador del PES precisó que “en este fraccionamiento habitan alrededor de dos mil familias que se han visto afectadas por el incumplimiento de algunas obligaciones del desarrollador inmobiliario, pues no se ha concluido con la totalidad de las obras de urbanización, sin mencionar la falta de servicios básicos como la conexión al drenaje y alcantarillado, así como el mal estado en que se encuentran sus calles, vialidades, áreas verdes y de recreación”.
Dijo que, “lo anterior lesiona los derechos humanos de los habitantes de este fraccionamiento, como lo es el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud y a su integridad física”.
