Se veía venir, era insostenible, el tema del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y tan no es un asunto menor, sino todo un tema en el entramado de la política nacional, deja entrever la crisis del sistema político mexicano y en este tema y en otros, el hilo se rompe por lo más delgado, aunque se protege el gobernador con licencia, y deja leer entre líneas que si él cae caerán otros, no habla en particular, habla en general del Movimiento, como le llaman a su partido. El caso es que también pidió licencia el alcalde de Culiacán.
El tema es tan delicado que cimbró desde luego los cimientos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, fortaleciendo la narrativa de que existen gobiernos que deben ser investigados, y que en lugar de mirar al pasado hay que atender el presente y sentar las bases para el futuro inmediato.
Antes de estos sucesos, los encuestadores, las empresas de demoscopia digital, dejaban en claro que la narrativa triunfalista de la ex dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, era solo vociferar en un terreno en donde aún no se conocen las aristas, y si el mundo es como un río con curvas, estos cambios se dieron rápido.
El gobernador con licencia, Rocha Moya, deja el cargo en medio de señalamientos graves, investigaciones abiertas y acusaciones internacionales que lo colocan bajo sospecha por presuntos vínculos con el crimen organizado. No se trata de rumores ni de ataques de oposición: es la presión de instancias formales, dentro y fuera de México, la que ha obligado al mandatario a apartarse.
Morena, el partido que se vendió como la alternativa ética frente a la corrupción del pasado, hoy enfrenta una de sus pruebas más duras. El discurso de “no somos iguales” se desmorona cuando uno de sus gobernadores más visibles tiene que dejar el poder para responder ante la justicia.
El golpe no se queda en Sinaloa. La administración de Claudia Sheinbaum queda inevitablemente salpicada. Su gobierno ha insistido en que no protegerá a nadie, pero la realidad la pone contra la pared: o permite una investigación a fondo, sin simulaciones, o carga con el costo político de encubrir lo que tanto criticaron en sexenios anteriores.
El caso Rocha Moya también abre una pregunta incómoda: ¿cuántos más dentro del sistema político actual podrían estar en una situación similar? Porque cuando las acusaciones cruzan fronteras y llegan a tribunales internacionales, el problema deja de ser local y se convierte en una crisis de credibilidad para todo el país.
Hoy, Morena no solo enfrenta un escándalo, enfrenta el riesgo de perder su narrativa moral. Y el gobierno de Sheinbaum, apenas comenzando, ya carga con una sombra que amenaza con marcar su sexenio desde el arranque.
