La semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las estadísticas de recaudación anual para 2022 es de celebrar que haya habido una variación de 8.7% entre 2021 en el que se recaudaron 986,656.46 millones de pesos y los 1´072,746.40 millones de pesos de 2022. El trabajo del SAT y de la SHCP es recaudar y administrar ese dinero respectivamente.
Sin embargo, la recaudación es menor al comparativo entre 2021 y 2022 en donde la variación era de 56.8% es decir en 2021 se recaudo 56.8% más que en 2020 ésta administración ha venido recaudando más cada año hasta 2022, de hecho el mejor año había sido 2021, quizás por efectos de la reactivación económica de la pandemia, pero en 2022 esta recaudación disminuyó dramáticamente y aunque la variación o fue negativa, es la menor de lo que va del sexenio.
Esto es una mala señal para los niveles de gasto que actualmente ejerce el Gobierno Federal y con los compromisos que aún tiene y que le están drenando liquidez y capacidad de inversión, en particular el proyecto del Tren Maya y el gasto social, que tampoco ha mostrado transparencia según la Auditoria Superior y de lo que hablaré en las próximas semanas.
Como si esto fuera poco, también se está dando un fenómeno pernicioso, casi el 60% de lo recaudado está siendo disputado por los contribuyentes; la SHCP reporta que 183,087 casos de contribuyentes a los que no les satisface el cálculo del SAT y lo han disputado ante la autoridad y hoy, están a la espera de una resolución por parte de ésta lo cual representa 1.07 billones de pesos.
Esto significa que, de cada peso recaudado, 60 centavos están en suspenso de que realmente lleguen al erario, y si proceden las disputas a favor del contribuyente podría significar una caída en la recaudación sumamente grave y que inevitablemente se traduciría en acciones compensatorias, dado el ejercicio fiscal para este año que apenas va en su tercer mes.
En mi opinión los contribuyentes –como usted y como yo- debemos tener siempre recursos de apelación a la autoridad, ya que a nadie le gusta pagar impuestos y debemos estar alertas al cálculo, por otro lado la autoridad tiene la facultad para recaudar y la obligación de utilizar ese dinero de manera correcta y dispersar el beneficio de modo que permee a toda la sociedad.
Veremos en que termina este tema, pero le puedo asegurar que independientemente de lo que suceda, el Gobierne tiene muchos incentivos a hacer auditorías en el cumplimiento de todas leyes vigentes, pues resulta atractivo obtener multas de ahí, para compensar la caída en la recaudación.
Escríbame me interesa saber su opinión.