Con una clara posición en contra del sector productivo, respecto al uso del agua Sully Mauricio Sixtos, diputada local por Morena, afirma que la Ley General de Aguas debe ser liderada por el Estado, priorizando a las familias y al sector agropecuario, evitando que la industria siga acaparándola, y pondera la aprobación de esta ley en el Congreso federal dejando en claro que el agua no es una mercancía.
Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que la Ley General de Aguas aprobada por el Congreso de la Unión representa un avance histórico, al reconocer el agua como un derecho humano y no como una mercancía, pero advirtió que su éxito dependerá de una reglamentación justa, con liderazgo del Estado y sin capturas del sector industrial.
“La nueva Ley General de Aguas devuelve al Estado la rectoría sobre el agua. Ese es el fondo de esta reforma. La gestión del agua no puede quedar en manos de intereses industriales ni de quienes históricamente han acaparado concesiones, mientras el campo y las familias padecen escasez”, afirmó.
La legisladora subrayó que, mientras la ley no se publique ni se emitan sus reglamentos, es indispensable garantizar una participación activa del Estado en la toma de decisiones, con reglas claras que prioricen el uso doméstico y la producción agropecuaria familiar, antes que el uso intensivo industrial.
“Es importante que el Estado esté al frente de la implementación de esta ley. No podemos permitir que la armonización se haga pensando primero en el sector industrial y después en la gente. El agua debe alcanzar para los hogares y para quienes producen nuestros alimentos”, sostuvo.
Sully Mauricio reconoció los foros regionales y los esfuerzos por llevar la voz del campo a las mesas de la CONAGUA, pero insistió en que esta participación debe ser real, vinculante y con enfoque de justicia social, incluyendo la actualización urgente de concesiones obsoletas, la revisión de volúmenes y el combate al acaparamiento.
“La Ley General de Aguas prohíbe la mercantilización del agua y apuesta por la sustentabilidad. Ahora toca que el Estado asuma su responsabilidad, garantizando transparencia, datos actualizados de los acuíferos y reglas que protejan a las comunidades rurales de los 18 municipios de Querétaro”, añadió.
Finalmente, la diputada fue clara: “Esta ley es una oportunidad histórica. Si el Estado lidera y se pone del lado del pueblo y del campo, podremos garantizar agua para todas y todos. Desde Querétaro vamos a vigilar que no se desvirtúe y que no se legisle en favor de intereses industriales por encima del derecho humano al agua”.
