Querétaro, Qro.- Los diputados del Grupo legislativo del PRI, Abigail Arredondo Ramos, Karina Careaga Pineda y José Hugo Cabrera Ruiz, anunciaron que semanalmente darán una rueda de prensa en coordinación con representantes de la dirigencia de su partido a nivel estatal, ya que están trabajando de manera conjunta.
La coordinadora de este grupo legislativo, Abigail Arredondo, informó que presentarán una reforma al Código Penal en materia del combate a la divulgación indebida de pruebas o evidencias, mejor conocida como “Ley Ingrid”, con la que se propone la prohibición para que ninguna persona pueda difundir, trasmitir, revelar, publicar, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios, videos o documentos relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o de una investigación de algún delito.
Por su parte, la diputada Karina Careaga comentó que en el estado, los feminicidios es un tema con poco interés debido a que son pocos los casos registrados en la Fiscalía del Estado y que se encuentran investigando; sin embargo, dijo “esto dista mucho de la realidad, de lo que vivimos de lo que siente la sociedad civil, además de que asociaciones feministas hablan de 86 sucesos por lo menos, relacionados con muertes de mujeres en los últimos años, por lo que hay mucho que explicar a las queretanas que no nos sentimos protegidas”.
Por su parte, el diputado Hugo Cabrera, anunció que el Grupo Legislativo del PRI promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la denominada “Ley Guaruras”, toda vez que las disposiciones aprobadas son violatorias de las garantías de igualdad consagradas en la Constitución federal, mismas que tienen como objeto evitar privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación ante la ley.
Asimismo, dijo que “como parte de esta estrategia, se solicitará al gobernador ejerza su derecho de veto, como garantía de la voluntad de no dejar endeudado al estado con el gasto que representa aproximadamente de 10 millones de pesos al año, y esto, posterior a su mandato”.
