Querétaro, Qro., 27 de mayo de 2019.- Con el fin de que se implementen políticas públicas para que el acceso a la información ambiental del gobierno federal sea fácil, accesible, oportuno y transparente, la diputada Laura Patricia Polo Herrera, presentó un exhorto dirigido al Senado de la República para que ratifique el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
Polo Herrera dio a conocer que es en Latinoamérica en donde más asesinatos se cometen en contra de defensores ambientales y México ocupa el cuarto lugar del mundo donde se han cometido más omisiones a personas defensoras del ambiente. Dijo que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, desde el 2013, se han registrado 440 ataques a personas defensoras del derecho de la tierra, del territorio y del medio ambiente; y tan sólo en el 2018, se cometieron 21 asesinatos.
Además, consideró que el trabajo que los defensores ambientales desempeñan no es sencillo, pues las herramientas que requieren son inalcanzables, como el acceso a la información ambiental, ya que está dispersa en diversos sitios y para acceder a ellas, se tiene que hacer uso de mecanismos dilatados, costosos y discrecionales.
Y es que la legisladora expresó que “la situación que enfrenta el medio ambiente hoy en día es sumamente alarmante desde varias vertientes, como son la explotación de los recursos naturales, el cambio climático, el crecimiento desordenado de la mancha urbana, el desprecio por la vegetación y la fauna silvestre, así como el mal manejo de los residuos sólidos”.
Asimismo, la diputada recordó que fue el 4 de marzo de 2018, cuando se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, teniendo como etapas preparatorias el Plan de Acción de Guadalajara, México; y posteriormente, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, abriéndose a la firma el 27 de septiembre de 2018, siendo México uno de los firmantes; ahora se encuentra a la espera de ser aprobado por el senado y ratificado por el Estado Mexicano.
