Si los criterios legales que se aplicaron para llevar a Rosario Robles Berlanga a prisión preventiva se traspolaran al resto de los integrantes del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, al menos cuatro exsecretarios de Estado y dos exdirectores generales deberían estar preocupados.
Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura entre 2013 y 2015; José Calzada Rovirosa, sucesor del primero para el periodo 2015-2018; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante todo el sexenio, y Emilio Chuayffet Chemor, titular de Educación Pública entre 2013 y 2015, reunirían los elementos para ser acusados de “ejercicio indebido del servicio público”.
Al igual que ocurrió en el caso de Robles Berlanga, durante las gestiones de los cuatro exfuncionarios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó investigaciones forenses que detectaron operaciones concertadas para desviar recursos públicos sin que hasta la fecha haya aclarado el destino de esos fondos, además de que fueron casos por los que se presentaron denuncias penales ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En la misma situación están José Reyes Baeza, director del Fondo de Vivienda del ISSSTE entre 2013 y 2015, y Héctor Velasco Monroy, director de Diconsa entre 2013 y 2017, cuyas gestiones también fueron sometidas a auditorías en las que la ASF obtuvo indicios de fraude o de desvío de recursos que pueden dar lugar a procesos penales.
La herencia de Peña Nieto
Entre 2013 y 2017, las Auditoría Superior de la Federación realizó 71 auditorías forenses (2018 no se contabiliza porque aún no se publican), lo que llevó descubrir desvíos que, en conjunto, ascienden a 21 mil 138.1 millones de pesos.
Esa cantidad de dinero es equivalente al presupuesto que este año ejercerán juntos el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que suma 20 mil 851 millones de pesos.
Las anomalías detectadas por la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) —que hasta junio del año pasado dirigía Muna Dora Buchahin, el cerebro detrás de las pesquisas sobre corrupción del sexenio pasado y que fue destituida por el actual auditor, David Colmenares— involucran a 39 instituciones, entre ellas cinco secretarías de Estado, y sólo se han podido recuperar 973 millones, lo que equivale a 4.6% de los recursos. Es decir, 20 mil 165 millones siguen “perdidos”.
Después de Rosario Robles, el exintegrante del gabinete de Peña Nieto que tiene más cuentas pendientes con la ASF es José Calzada, quien hoy se desempeña como líder del Movimiento Territorial, uno de los brazos operativos del PRI. Le sigue el ahora senador Osorio Chong y Chuayffet, quien es consultor y se dedica a la academia.
Las omisiones de Calzada
En 2016 y 2017, años en que Calzada estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación (Sagarpa), el órgano fiscalizador realizó ocho auditorías forenses, lo que llevó a descubrir desvíos por dos mil 982.5 millones de pesos, de los cuales dos mil 913.3 millones siguen pendientes de solventar.
Una de las investigaciones a la gestión José Calzada —que es muy similar a las operaciones que se hicieron en Sedesol desde el gobierno de Felipe Calderón, siendo titular Heriberto Félix Guerra y que continuaron con Rosario Robles—, está consignado en la auditoría 1593 de la Cuenta Pública de 2017, en la que se detallan anomalías en la aplicación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores-Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, que causaron un daño patrimonial por 774.4 millones de pesos.
“Durante dos años consecutivos y como resultado de las auditorías practicadas a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016 al Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, la ASF ha observado reiteradamente irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales autorizados al componente en referencia, propiciado por actos u omisiones que implican observaciones por parte de este Órgano Fiscalizador”, refiere la ASF.
Entre los hallazgos de la Auditoría destacan la falta de verificación de los apoyos otorgados a organizaciones y grupos de trabajo, así como por los proveedores contratados, quienes “recibieron en forma directa los recursos del subsidio y respecto de los cuales, no presentaron la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria que acredite cada uno de los conceptos por los que recibieron el apoyo; o bien, porque para comprobar la aplicación de dichos recursos, presentaron comprobantes los cuales fueron cancelados con posterioridad al pago; así como por la adquisición de insumos con empresas que no están en el portafolio de proveedores autorizados por la Sagarpa”.
›En el caso de la llamada “estafa maestra” que hoy tiene a Rosario Robles en prisión preventiva, la ASF alertó sobre la reincidencia de Sedesol y Sedatu en las irregularidades detectadas. Una situación similar ocurrió en el caso de Sagarpa cuando era dirigida por José Calzada.
Pese a las diversas observaciones emitidas por la ASF, “las áreas a cargo de coordinar la elaboración y actualización de las Reglas de Operación del componente en referencia, así como la unidad responsable y las instancias ejecutoras y auxiliares en la operación, ejecución, supervisión y seguimiento de los incentivos autorizados, no han implementado, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, los mecanismos de control que garanticen que los recursos públicos federales asignados se ejerzan de forma oportuna con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, alerta el órgano fiscalizador.
Triangulaciones en Sagarpa
Otra alerta que lanzó la ASF sobre las malas prácticas de la Sagarpa se consignó en la auditoría 1594 de la Cuenta Pública 2017, en la que identificó desvíos por 574.6 millones de pesos en perjuicio del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
“Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la Sagarpa, con motivo de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016, en donde se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos por los beneficiarios”, advirtió la ASF.
›La principal responsable de ese desfalco fue la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), que “no comprobó ni justificó la correcta aplicación de los recursos federales por 212.5 millones de pesos del incentivo que le fueron asignados directamente, así como de los recursos no ministrados a los beneficiaros del incentivo, ni de los productos financieros que se generaron, ni los apoyos no comprobados.
La Auditoría señaló a las empresas Chiapas Siempre Unido, A.C, Biólogos Asociados Consultoría, Asesoría Agrícola y Pecuaria Bioasecan, S.C. y el Centro de Calidad para el Desarrollo, A.C., como instancias que se encargarían de apoyar a Sagarpa en el censo de beneficiarios y reparto de los apoyos, pero no pudieron justificar buena parte de los recursos.
Las otras auditorías en las que Sagarpa queda mal parada son el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que en 2017 tuvieron 288.4 millones de pesos sin solventar y que presenta fallas recurrentes desde hace ocho años, según la ASF, quien ha documentado millonarios apoyos a empresas que presentan documentación alterada o son “fantasmas”.
