El panorama para los pequeños empresarios en México ha alcanzado un punto crítico. En rueda de prensa, el senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri señaló que el año 2024 cerró con la cifra más alta de bajas patronales en la historia del país, con más de 42 mil registros cancelados ante el IMSS. Esta “mortandad empresarial” se adjudica directamente a una serie de reformas que han endurecido la fiscalización, dejando a los emprendedores y pequeños empresarios prácticamente sin herramientas de defensa frente al SAT.
Este cierre de negocios afecta principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales en muchos casos carecen del flujo de caja necesario para sobrevivir a las nuevas reglas del juego tributario. El senador Dorantes explicó que las modificaciones a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos han creado un entorno de “agresividad fiscal”.
La problemática central radica en la eliminación de la suspensión del acto reclamado. Anteriormente, un comercio podía detener un cobro del SAT mientras un juez determinaba si era legal o no. Hoy, esa protección ha desaparecido, obligando al contribuyente a liquidar el adeudo de inmediato, incluso si el SAT cometió un error.
Existen tres puntos clave que están “matando” a las empresas:
1.- Pérdida de liquidez inmediata, al obligar al pago de créditos fiscales antes del juicio, las empresas se quedan sin capital para pagar nóminas o proveedores, lo que las lleva a una quiebra técnica antes de recibir una sentencia.
2.- Juicios interminables, el SAT ahora puede interponer recursos adicionales que prolongan los pleitos legales durante meses o años, desgastando económicamente a quienes intentan defenderse.
3.- Embargos sin sentencia, las cuentas bancarias pueden ser congeladas o embargadas durante todo el proceso legal, paralizando por completo la operación de cualquier pequeño negocio.
Ante la desaparición de estas 42 mil unidades productivas, que representan miles de empleos perdidos, Dorantes Lámbarri anunció que trabaja en una iniciativa de ley para equilibrar la balanza. La propuesta busca que los ciudadanos recuperen la capacidad de impugnar cobros excesivos o ilegales sin ser obligados a descapitalizarse previamente.
“No podemos permitir que el afán recaudatorio del gobierno siga destruyendo el patrimonio de las familias que generan empleo en México”, concluyó el legislador, subrayando que la justicia fiscal debe dejar de ser un privilegio de quienes pueden pagar abogados y fianzas millonarias.
