Al respecto los alrededor de 30 familiares pidieron la intervención del gobernador Francisco Domínguez Servién y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto a pesar de que las autoridades estatales han presumido que los Ceresos de Querétaro se encuentran certificados y con reconocimiento por el respeto a los derechos humanos.
Juan Carlos, familiar de una persona privada de la libertad, denunció que los internos padecen torturas y venta de droga dentro del penal.
«Le dieron una mega golpiza (a su hermano). Nos comentaban sus mismos amigos que apenas si podía ver, no comió en dos días de la golpiza brutal que le dieron».
Al respecto dijo que desde hace ocho días no ha logrado entablar comunicación con su hermano, aunque ya hizo la denuncia en derechos humanos y la fiscalía la respuesta no ha sido favorable.
En ese sentido, otros familiares denunciaron que varios han recibido diversas agresiones por parte de los custodios.
