Gregorio Guerrero, contralor del INE, consideró necesario que los diputados hagan las reformas que sean precisas, para poder llamar a “comparecer” a funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción.
En el tercer día de entrevistas a los aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cuestionaron a los comparecientes sobre los retos de la fiscalización a las cuentas públicas, así como por la falta de eficacia de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Los legisladores plantearon a los interesados las preguntas hechas por organizaciones de la sociedad civil, respecto a lo que el ente fiscalizador debe hacer para favorecer la rendición de cuentas y lograr que las denuncias penales presentadas sean resueltas en definitiva y deriven en la recuperación de fondos públicos o bien, en la imposición de sanciones a los funcionarios o personas infractoras.
Entre los comparecientes que se presentan durante la jornada de este martes 5 de diciembre, estuvo el actual contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Gregorio Guerrero, quien propuso reducir el número de auditorías que realiza la ASF, a fin de profundizar en las capacidades de investigación en casos donde se presume desvío de recursos públicos y evitar pérdidas de tiempo y esfuerzo en auditorías que no tienen gran impacto.
También consideró necesario que los diputados hagan las reformas que sean precisas, para poder llamar a “comparecer” a funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción.
También fue entrevistado Gerardo Lozano Dubernard, quien recientemente participó en el proceso de integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y al no resultar electo, generó polémica con críticas a quienes finalmente fueron seleccionados.
Entre otras propuestas y reflexiones, el aspirante se pronunció a favor de que las universidades públicas que se han visto involucradas en casos como el de la “Estafa Maestra”, de asignación irregular de contratos para brindar servicios a dependencias federales y triangulación de recursos a través de la subcontratación de otros consorcios, no sean “castigadas” con el retiro de las ministraciones públicas, sino que se les apliquen correctivos sin que dejen de realizar convenios y recibir parte del erario.
Por su parte, el también aspirante Julián Alfonso Olivas Ugalde, en meses pasados designado encargado de despacho en la Secretaría de la Función Pública (SFP), negó tener lazos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al argumentar que ha colaborado con gobiernos de distintos signos políticos.
