La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, encabezada por Martín Arango, advirtió que el Gobierno Federal debe atender con rigor los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la problemática de las desapariciones en el país. El líder partidista señaló que, más allá de los discursos oficiales, existen evidencias de crisis humanitaria en zonas específicas como Tabasco y el municipio de Tequila, Jalisco, donde la presunta participación u omisión de agentes del Estado obliga a una respuesta jurídica inmediata y no a la evasión de responsabilidades.
Arango puso bajo escrutinio la reciente condena contra Hernán Bermúdez, quien fuera titular de seguridad en Tabasco y vinculado al grupo delictivo “La Barredora”. Para el dirigente queretano, la difusión de esta sentencia coincide de manera estrecha con el aumento de la presión por parte de organismos internacionales, lo que sugiere una posible estrategia de contención mediática por parte del régimen federal en lugar de una búsqueda genuina de justicia estructural que resuelva el fenómeno de las desapariciones forzadas.
En el análisis de este caso, el presidente del PAN estatal enfatizó que la justicia es incompleta si se limita a sancionar a mandos medios sin profundizar en la responsabilidad política de quienes encabezaban las administraciones estatales durante los periodos de crisis. En este sentido, cuestionó la falta de claridad en las investigaciones hacia Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, insistiendo en que la captura de “chivos expiatorios” no sustituye la necesidad de deslindar responsabilidades al más alto nivel jerárquico.
Finalmente, se reafirmó la postura de Acción Nacional de mantener un seguimiento crítico a la política de seguridad nacional, argumentando que la realidad de las víctimas es ya insostenible frente al escrutinio mundial. El posicionamiento institucional concluye que la resolución de esta crisis depende de la voluntad del Estado para reconocer la magnitud del problema y garantizar el derecho a la verdad de las familias afectadas, abandonando la descalificación de los organismos internacionales de derechos humanos.
