El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, denunció que la planeación de la obra pública federal presenta deficiencias sistemáticas que derivan en sobrecostos millonarios sin consecuencias legales para los responsables. El legislador contrastó esta situación con el sector privado, donde los errores de cálculo en infraestructura conllevan sanciones, demandas o rescisiones de contrato, mientras que en la administración pública el incremento desmedido de presupuestos se ha normalizado.
Como eje central de su análisis, Ospital Carrera expuso el caso del Tren México–Querétaro, cuyo costo inicial fue de 200 mil millones de pesos. Sin embargo, con un avance físico del 9%, el presupuesto ya asciende a 265 mil millones de pesos, es decir, un incremento de 65 mil millones (casi 20%), equivalente a un presupuesto anual estatal de Querétaro.
El representante de Movimiento Ciudadano vinculó este fenómeno con otros proyectos estratégicos federales, como el Tren Maya y la refinería Olmeca, que han triplicado o cuadruplicado sus costos originales. Subrayó que la falta de responsabilidad jurídica para funcionarios y contratistas fomenta el manejo discrecional de recursos, especialmente en obras con información reservada por seguridad nacional, como las ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Finalmente, el legislador advirtió que la ausencia de rendición de cuentas ante errores de cálculo que superan los márgenes aceptables (10%–15%) en la industria de la construcción debilita las finanzas públicas. Insistió en la necesidad de un modelo con planeación técnica estricta, que garantice el cumplimiento de presupuestos y evite que el erario absorba ineficiencias, incluso en proyectos con fallas operativas o ambientales antes de su conclusión.
