San Juan del Río, Qro., 9 de julio de 2020.
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, habló ante el sector empresarial y diferentes grupos políticos y sociedad en general, sobre la corrupción política en nuestro país, casos Emilio Lozoya, La constructora brasileña ODEBRETCH, a quien se le sigue un proceso de investigación en Estados Unidos y en México, al respecto, se está extraditando a Emilio Lozoya, explicando el modelo de lavado de dinero que siguió este ex-funcionario.
Empresa española OHL, también en investigación;
al igual que la estafa maestra, donde Lozoya también tuvo participación desde PEMEX.
Comentó también sobre las denuncias que se tienen en contra del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, por probable corrupción y por enriquecimiento inexplicable, siendo este un caso de impunidad.
Caso Genaro García Luna. Se comentó que Contrató software especializado para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, terminando su gestión se lo llevó a su empresa de seguridad, de él se comentó que en Mexico se le acusa de Corrupción Política y Estados Unidos de Delincuencia Organizada.
El Dr. Santiago Nieto dijo que la UIF estará atenta a cualquier denuncia ciudadana que se haga por corrupción política en el ámbito federal, estatal y municipal. Se debe combatir el cáncer que significa la corrupción.
La UIF no persigue empresarios.
Se combatirá, dijo, a la estructura jurídica-financiera de la delincuencia organizada, mencionado que en Queretaro se registra operación de al menos dos cárteles, CJNG y Santa Rosa de Lima.
Su futuro político será, donde el Presidente López Obrador lo requiera.
Se habló también de la Evaluación Nacional de Riesgos: Tráfico intenso de la criptomoneda, cerrar el paso a personas de conductas antisociales que podrían cruzar nuestro territorio, disminuir tráfico ilegal de armas, con ellas se atentó contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, cerrar tráfico del Fetanilo, Droga que ha ocasionado al menos la muerte de 80, 000 norteamericanos, riesgos por COVID-19, pauperización de la actividad económica, riesgos por trata de personas;
También riesgo por migración de la delincuencia organizada del ámbito físico al digital o informático.
