Por Jerónimo Gurrola Grave
Insiste el partido del presidente en desmantelar al INE para tener el control absoluto de las elecciones de 2023 y 2024, e imponer a sus candidatos a los gobiernos de los estados y a la presidencia de la República a través del cambio de cinco leyes secundarias y la emisión de una nueva, al no haber aprobado el congreso la reforma a la Constitución, como se discutió en diciembre de 2022, por no conseguir el consenso necesario de dos tercios de los legisladores para avanzar.
De todas maneras, tener en alianza con el PT y el Verde Ecologista la mayoría de los diputados, le permite a López Obrador y sus seguidores, modificar la Constitución para salirse con la suya y violar la autonomía e independencia del organismo electoral, al tratar de destituir desde el Congreso, al Secretario Ejecutivo, hasta ahora, facultad exclusiva del Consejo General, y desaparecer el Servicio Profesional Electoral Nacional, eliminando 2,175 plazas de cargos y puestos, que significa, el 85 por ciento, dejando al INE en condición de incapacidad para entregar credenciales, actualizar cartografía, convocar y capacitar a millones de ciudadanos en la organización de las elecciones.
Entre otros puntos importantes, la reforma morenista propone la reducción de las estructuras administrativas del INE en sus órganos desconcentrados con la eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, encargadas de hacer el trabajo en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de las elecciones, y en su lugar crear una sola oficina auxiliar ocupada por una persona encargada de realizar todas las tareas que hoy corresponden a órganos ejecutivos.
Seguramente el presidente López Obrador, cuya especialidad es sólo hacer campañas políticas, desconozca que la desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales significa dañar las tareas de educación cívica permanentes, como contar con personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanos para integrar las Mesas Directivas de Casillas.
Por eso propone eliminar las 32 Juntas Ejecutivas Locales, y reducir de cinco a tres vocalías, recortando 262 plazas de personal calificado, del Servicio Profesional Electoral, afectando la actualización del padrón de electores. Igualmente, se perjudica la tarea de actualizar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, la depuración del mismo, y la supervisión y seguimiento de las actividades que realizan los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), donde la ciudadanía tramita su credencial.
Se plantea además que estos módulos se instalen en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud (como las Universidades Benito Juárez o los bancos Bienestar), sin que haya garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger información sensible como son las fotografías y las huellas dactilares de cada ciudadano.
Llama la atención que el “plan B” propone que en ningún caso se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales, modificando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) que sanciona con la pérdida del registro de precandidatura o candidatura a quienes omitan presentar el informe de gastos, o se rebase el tope de estos.
También, el “Plan B” de manera calculada no considera como propaganda a la “promoción no etiquetada presupuestalmente”, la que hagan servidores públicos argumentando “en uso de su libertad de expresión” o en el ejercicio de sus funciones públicas, violando el artículo 134 constitucional.
En síntesis, el llamado plan B encierra una “sarta” de trampas, maniobras y marrullerías propias de los políticos morenistas, para ocultar ante los mexicanos su interés por controlar las elecciones para elegir al próximo presidente de la República, insistiendo en que lo que pretenden es ahorrar más de 3,600 millones de pesos de los mexicanos, destinado al funcionamiento del Instituto Electoral, echando por delante los salarios de los Consejeros del Instituto, trampa en la que desafortunadamente caen muchos mexicanos poco informados.
Se advierten momentos difíciles para México y como siempre el pueblo paga los platos rotos, por eso, quienes amamos a nuestra patria no debemos aceptar ni permitir, que por intereses personales y de grupo se destruya la democracia, que da paz, estabilidad y desarrollo a nuestro país.
