Querétaro, Qro.-Los diputados Abigail Arredondo Ramos y Luis Gerardo Ángeles Herrera, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, así como el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Álvaro Ugalde, presentaron una Iniciativa de Ley que reforma los artículos 20 y 26 fracción I, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, la cual tiene la finalidad de agilizar y facilitar los procedimientos de contratación de obra pública en el estado.
La presidenta de la comisión legislativa explicó que con esta reforma se modifica el funcionamiento de los padrones de contratistas de obra pública, para hacerlos más eficientes, prácticos y menos enredosos. Recordó que la Ley de Obras Pública exige que cualquier empresario que desee participar en un proceso de adjudicación, deba estar inscrito en el padrón correspondiente, sea a nivel municipal o en el estatal.
Además, la diputada Abigail Arredondo dio a conocer que “actualmente existen 19 padrones en Querétaro, uno por cada municipio y el del Gobierno del Estado, de tal manera que si un contratista desea hacer obra en cualquier municipio, debe registrarse en ese y en el estatal, lo que es impráctico, pues se le obliga a repetir muchas veces los mismos trámites ante diferentes autoridades”.
La legisladora explicó que la reforma que proponen es fundamental en sus alcances, ya que con ella se permitirá simplificar el trámite de inscripción en los padrones, evitando la duplicidad.
“Lo que se plantea es que, para ejecutar obra pública en cualquier parte del estado, será suficiente con estar inscrito en el padrón estatal de contratistas, sin necesidad de inscribirse además en cada uno de los municipios”, precisó Arredondo Ramos.
Por su parte, el diputado Gerardo Ángeles dijo que “esta es una muestra de que el trabajo legislativo no tiene que ver con colores, pues lo que siempre se ha buscado es escuchar al ciudadano, y en este caso a los profesionales de la construcción, ya que de nada sirve hacer iniciativas de ley que no benefician a nadie y es letra muerta”.
Indicó que “este cambio incide de manera significativa en el gremio de la construcción, ya que es complicado estar realizando el refrendo anualmente, los cuales terminan siendo, en muchas ocasiones, sin las características adecuadas para tener la seguridad de que el constructor y el contratista van a cuidar las finanzas del estado, además de que este paso ayuda también al gobierno a tener una plataforma transparente y clara, donde se informe quién está construyendo y cómo lo están haciendo”.
