Aprobó dictamen que garantiza la transparencia en el ámbito de defensa nacional
También emitió opiniones sobre procesos de obra pública y trabajo digno
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), anunció que realizará conversatorios para recoger ideas de los sistemas nacionales de Anticorrupción, de Transparencia, de Fiscalización y de Archivos, así como de la protección de datos personales.
Mencionó que en reunión de la Junta Directiva se acordó iniciar estos conversatorios, toda vez que se ha recibido la inclusión de legisladores en los grupos de construcción legislativa, los cuales tienen como tarea generar propuestas sobre corrupción en adquisiciones y obra pública, revisión de sistemas y protección de datos personales.
Cecilia Márquez Alkadef Cortes, diputada de Morena, pidió ser incluida en el grupo de datos personales para empezar a perseguir a quienes vulneran la seguridad, “ya que las y los mexicanos hemos sufrido vulneración; recibimos llamadas que no autorizamos, no creemos que sea prudente que se nos realicen por una serie de compañías que vulneran la seguridad de cada uno de las y los mexicanos”.
Abundó que ese banco de datos, que se desconoce cómo se obtiene y por qué se vende, se convierte en una ruleta cuando las compañías, principalmente las telefónicas que son instituciones de uso bancario, acosan a los ciudadanos, que además son presa de algunos grupos del crimen organizado que lo utilizan para hacer llamadas de extorsión.
Desde plataforma digital, la diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) solicitó que esos grupos de construcción legislativa no se consideren como subcomisiones, sino el vehículo para revisar los foros en donde se escuchen las diferentes voces sobre estos temas. “Que no se les asignen funciones de subcomisión ni de elaboración de dictámenes ni iniciativas”, propuso.
También de Morena, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro expuso que, en materia de adquisiciones y obra pública, en Mazatlán existe un caso de 400.8 millones de pesos en la compra de luminarias por adjudicación directa. “Es un robo descarado que se está haciendo”; por ello, planteó sumarse al grupo en la materia.
Por el PT, el diputado Jesús Fernando García Hernández dijo que no se limite la participación a los diputados a que se integren a esta tarea legislativa.
El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, propuso incluir el tema de que los titulares de las dependencias, las entidades federativas y los municipios firmen contratos de adquisiciones, a fin de evitar el desvío de recursos, ya que el problema de la corrupción en materia de adjudicaciones está en esos niveles de gobierno.
Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, expresó que el combate a la corrupción no es cosa de colores partidistas, pues aunque existen leyes en la materia, requieren ser modificadas para hacerlas más efectivas y que los juzgadores tengan la obligación de no corromperse.
De MC, la diputada Amalia Dolores García Medina pidió invitar a la comisionada ciudadana, María del Carmen Nava Polina, para que exponga la importancia de la información pública para las mujeres que están en reclusión, en proceso de reinserción y con familiares en situación de reclusión, para que puedan acceder a todos sus derechos.
Desde plataforma digital, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, aplaudió que se inicien estos foros de cara al segundo año de las tareas legislativas, para que rinda más y mejores frutos en los temas planteados.
Solicitó que ante los formatos semi presenciales se pueda acercar las labores de las y los legisladores a la población y que los mismos se puedan realizar en los estados, con la intención de concretar los objetivos trazados, principalmente en materia de protección de datos personales, ya que la ley tiene 12 años y en ese tiempo ha habido cambios en los temas electrónicos.
Avalan dictamen
Las y los integrantes de esta instancia legislativa aprobaron por 25 votos el dictamen por el que se reforman los artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de armonizar la norma referente al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en el tema de transparencia.
En el documento se argumenta que la Comandancia del Ejército sea el órgano responsable de la administración y desarrollo de las tropas, de las Armas, del Servicio de la Policía Militar y de los Cuerpos de Defensas Rurales, cuyas respectivas direcciones generales quedarán adscritas a la mencionada Comandancia, para realizar funciones propias de sus especialidades, gestión de requerimientos logísticos y asesoramiento en el ámbito de sus atribuciones.
Al respecto, el diputado del PAN, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, proponente, explicó que la reforma busca cambiar la denominación del Estado Mayor de la Defensa Nacional por Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ya que cuando se hacen cambios en una legislación es indispensable contemplar que existen otros ordenamientos que necesitan modificarse para no crear disparidades legales en el ámbito federal.
Emiten opiniones
También, las y los diputados aprobaron con 24 votos a favor y uno en contra, la opinión respecto a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de que los tres niveles de gobierno fortalezcan la planeación en la ejecución de obra pública, transparenten los procesos de obra pública y mejoren la temporalidad de su ejecución.
Mediante plataforma digital, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) consideró atinado analizar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma; sin embargo, planteó revisar los montos para los testigos sociales dentro del proceso licitatorio, y aplaudió los topes mínimos y máximos sobre las sanciones.
El presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Romero Hicks, solicitó a la diputada González Alonso (PAN) emita una nota a la instancia dictaminadora sobre sus dudas de los montos de los testigos sociales en el proceso licitatorio.
