La mañana de este martes se registró una importante movilización en las inmediaciones del parque industrial Global Park Querétaro y sus alrededores, ubicado en el municipio de El Marqués sobre la carretera estatal 200. La acción fue coordinada por Seguridad Física de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, en respuesta a reportes de presuntas tomas clandestinas de agua.
Los reportes iniciales indicaron que estas tomas ilegales presuntamente abastecían tanto al parque industrial mencionado como a fraccionamientos aledaños. Las autoridades ingresaron a las zonas señaladas para ubicar y proceder a la clausura de las tomas, con el objetivo de detener el robo del vital líquido.
En el fraccionamiento San Isidro, vecinos afectados señalaron que contaron con servicio de agua (abastecido dos veces por semana) durante ocho años, hasta que el servicio fue interrumpido. Los colonos indicaron que, presuntamente, la asociación de colonos junto con el municipio de aquel periodo se apoderaron del pozo e iniciaron la colocación de medidores en el fraccionamiento.
Un grupo de residentes se opuso a esta instalación, lo que derivó en la posterior clausura del pozo. Sin embargo, este fue reabierto rápidamente para continuar abasteciendo a las personas que sí habían formalizado un contrato. Ante esta situación, y para asegurar que solo recibieran agua quienes tenían contratos municipales, la asociación de colonos y el municipio instalaron una nueva red de agua.
Los vecinos afectados interpusieron una denuncia ante Derechos Humanos y obtuvieron una resolución favorable, lo que llevó a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) a comenzar a apoyar con el suministro, especialmente a los adultos mayores. Posteriormente, los vecinos informaron que, ante la escasez, la asociación de colonos y el Municipio de El Marqués presuntamente les ofrecieron integrarse a la nueva red a cambio de pagar un contrato de hasta 50 mil pesos.
Debido a estos hechos, los afectados alertaron a la CONAGUA sobre la existencia de la toma clandestina en el fraccionamiento y zonas aledañas, lo que motivó la intervención de las fuerzas federales para su clausura.
