LA CARAVANA POR LA DIGNIDAD Y LOS DOS FRENTES
Por: Baldomero Pérez
@tojolobaldo
Decía Aristóteles que la corrupción “pudre las aguas de la democracia, degenerando en ciénaga de demagogos que abona el terreno para la irrupción del tirano”.
La corrupción es una enfermedad social de la cual hoy todos hablan, y es una bandera de acción política que todas las expresiones ideológicas quieren encumbrar. Se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, es un motivo de reivindicación de la lucha de la sociedad civil organizada, es tema de campaña para políticos, estrategia de muchos empresarios, y por supuesto, agenda para reformas legislativas.
Lo que sucedió con el movimiento político denominado la “caravana por la dignidad” que inició el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pone al descubierto dos frentes: a) la opacidad del gasto público federalizado b) el amago político para definir la ruta jurídica de presuntos culpables en casos de corrupción (léase César Duarte y Alejandro Gutiérrez).
Los críticos y detractores de este hecho sui generis, han hilado una serie de argumentos que pretenden demostrar que la “caravana” esconde el terrible déficit de seguridad pública y las cifras negras sobre violencia en el estado de Chihuahua; o que la salida a las calles de un gobernador panista es la estratagema necesaria para despejar la atibada precampaña de la coalición Por México al Frente.
El pasado domingo 4 de febrero, en las vísperas de un aniversario más de la Constitución, Javier Corral demostró que los canales institucionales son insuficientes para resolver las serias diferencias políticas entre diversos órdenes de gobierno. Veremos si es cómplice, héroe o mártir, lo cierto es que la triada de operación política entre el gobierno chihuahuense, secretaría de gobernación y hacienda, ponen al descubierto la discrecionalidad para el manejo de los recursos públicos. Será un reto demostrar que la ley no se negocia y que las carpetas de investigación por delitos de corrupción no serán moneda de cambio. Si la historia no sigue ese rumbo, el hecho sui generis del gobernador sublevado quedará como una anécdota electorera sin legitimidad alguna.
Al final, la solución arrojó una ganancia de 900 millones para el gobierno de Corral. ¿Quién ganó? Sin duda, gana la democracia, con sus altibajos y pocas definiciones, pero esto contribuye a trazar mejores horizontes. El capítulo se cerró con la negociación política entre Corral y la SEGOB, pero la historieta continuará. Creo que se abre un enorme boquete para impulsar transparencia en el ejercicio del gasto público, sobre todo del ramo 23, el cual opera importantes sumas de recursos de la federación a los gobiernos estatales. Por otro lado, la salida política es la vez la puerta de entrada a un escenario ríspido de las campañas electorales.
Los políticos abren la llave para colocar en el interés público el fenómeno de la corrupción, de momento parecen usarlo como discurso sin consecuencias jurídicas efectivas, pero la ciudadanía estará dispuesta a discutir, exigir e impulsar un verdadero cambio.
La “caravana de Corral” abrió dos frentes que marcarán el debate de los próximos meses, incluso agenda para fortalecer las estrategias institucionales de combate a la corrupción en el próximo sexenio.
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