En un movimiento legislativo para erradicar las uniones informales que vulneran los derechos de menores de edad, el Grupo Legislativo del PAN presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro. La propuesta busca castigar con hasta 15 años de prisión a quien obligue o induzca a menores de 18 años a vivir en pareja, una práctica que a menudo se camufla bajo «usos y costumbres» pero que constituye una violación grave a los derechos humanos.
Aunque el matrimonio infantil ya está prohibido por ley, las uniones de hecho o informales operan fuera de la supervisión legal. La diputada Leonor Mejía destacó que estas prácticas son expresiones dolorosas de violencia que arrebatan la infancia y limitan el acceso a la educación y la salud.
La iniciativa propone la creación del artículo 169 Bis dentro del Código Penal, estableciendo castigos ejemplares para quienes gestionen, oferten o coaccionen estas uniones como prisión de e 8 a 15 años, multas entre los mil 500 a 3 mil UMAs, reparación del daño que oscilen entre los 2 mil hasta 3 mil 500 UMAs y agravantes si el perpetrador es un familiar directo (padres, abuelos o hermanos), la pena se incrementará en un tercio más.
La presentación contó con el respaldo simbólico de la activista Eufrosina Cruz, representada por la ex diputada Jacqueline Hinojosa. Se recordó que esta lucha, iniciada a nivel federal por liderazgos como el hoy alcalde Felipe Fernando Macías, busca que ninguna niña vuelva a ser considerada «moneda de cambio».
«Cuando una niña es entregada o forzada a una vida que no pidió, eso no es tradición, es una infancia robada», enfatizó Hinojosa al leer el mensaje de la activista indígena, subrayando que en Querétaro ninguna costumbre debe estar por encima de la dignidad humana.
La reforma busca garantizar que el Estado tenga las herramientas para intervenir en casos que antes eran «invisibles». Al tipificar la cohabitación forzada, se protegen derechos básicos como: Derecho a la autonomía y libertad, la protección contra la violencia sexual y económica y finalmemte el derecho a la igualdad y no discriminación.
