La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LXI Legislatura aprobó un dictamen que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado, con el fin de agilizar la mejora de la infraestructura escolar. La iniciativa, impulsada por el diputado Antonio Zapata Guerrero y respaldada por la presidenta de la comisión, Andrea Tovar Saavedra, busca que la falta de escrituras de propiedad no sea un impedimento para que las autoridades estatales inviertan recursos públicos en la remodelación, ampliación o construcción de planteles educativos.
Actualmente, el proceso administrativo exige títulos de propiedad definitivos para autorizar obras, lo que ha generado un rezago en cerca de mil 300 escuelas que operan bajo donaciones ejidales o actas de asamblea no regularizadas. Con esta reforma, se permitirá la ejecución de trabajos siempre que exista certeza jurídica de la posesión del terreno, avalada por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq). Lo anterior permitirá aplicar presupuestos etiquetados que anteriormente debían devolverse por no cumplir con la integración técnica de los expedientes.
Durante la sesión, el arquitecto Fernando Orozco Vega, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, explicó que esta medida atiende observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando que el derecho a espacios dignos prevalezca sobre los trámites burocráticos. Los legisladores aclararon que esta flexibilidad administrativa no exime a las instituciones de continuar con los procesos de regularización territorial hasta obtener los títulos de propiedad, sino que evita que el tiempo de espera legal afecte el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes.
Finalmente, la diputada Andrea Tovar destacó que la comisión mantendrá un esquema de trabajo abierto para dictaminar otras iniciativas pendientes bajo tres ejes estratégicos: gobernanza del agua, combate a la corrupción inmobiliaria y ordenamiento territorial. Subrayó la importancia de la colaboración con autoridades ejecutoras para asegurar que las leyes sean operativas y beneficien directamente a la ciudadanía, priorizando el interés superior de la niñez en cada decisión legislativa que impacte el desarrollo urbano y educativo de la entidad.
