A inicios del presente mes, salió a la luz un video donde se puede observar como un grupo de seis pasajeros que viajaban en una unidad de transporte público (combi), frustraron un asalto en la carretera México-Texcoco y además le propinaron una golpiza al ladrón. El asaltante terminó sin ropa y tendido a un costado de la camioneta.
Si bien es cierto, el artículo 17 de la Constitución Política de nuestro País, consagra la prohibición de hacerse justicia por propia mano, para la ciudadanía, es una manera de erradicar la impunidad y evitar el aumento de los hechos delictivos. Datos de diversas asociaciones civiles enuncian que, en el año 2019, solo se denunciaron alrededor de 2 millones de delitos, sin embargo, se cometieron más de 30 millones de ilícitos en México, esto se traduce que 90 por ciento de los hechos delictivos no llegaron a fiscalía. Las cifras se vuelven más funestas, si de efectividad se habla, toda vez que de los dos millones de denuncias solo se esclarecen 390 mil delitos.
Esta situación deja ver que el Estado, no es solvente en las necesidades sociales y mucho menos en materia de seguridad. Los intentos de linchamientos, son el resultado de una tremenda desconfianza del sistema de justicia mexicano, de la ineficacia y corrupción policial. El golpear a los delincuentes o incluso llegar al linchamiento, no es sinónimo de justicia. Los partícipes de estos actos, justifican los golpes propinados al asaltante, como si existiera violencia buena y violencia mala. En esos momentos, se le olvida al ciudadano que la pena de muerte e incluso la corporal está prohibida. Pero, a fin de cuentas, estas situaciones son un cumulo de varios factores, inestabilidad laboral, falta de empleo, impotencia por los bajos salarios y rabia ante la eterna impunidad.
