Autoridades y docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), encabezadas por la rectora, Dra. Teresa García Gasca, participaron en el Tercer Congreso Nacional “El Impacto de la Contingencia Sanitaria por COVID-19 en el disfrute y goce de los Derechos Humanos”, organizado por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro (FECAAQ) A.C.
En la mesa de “Educación” expusieron la Dra. García Gasca junto con integrantes de la Facultad de Derecho (FD) de la UAQ: el Dr. Raúl Ruiz Canizalez, jefe de Posgrado, y la Dra. Gabriela Aguado Romero, miembro del Cuerpo Académico de Derechos Humanos y Globalización. Mientras tanto, la Dra. Alina del Carmen Nettel Barrera, coordinadora de la Maestría y Doctorado en Ciencias Jurídicas de dicha unidad académica, intervino en la mesa de “Justicia”.
La Rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad presentó la ponencia “La educación como derecho fundamental y base para otros derechos humanos. Reflexiones en torno a la pandemia de COVID-19”, en la que expuso cómo la falta de escucha a la información generada por la comunidad científica llevó a la pandemia de COVID-19, lo que, dijo, lastima el derecho de los seres humanos a una vida plena y en sintonía con el medio ambiente, así como el derecho de los animales para vivir una vida sin transgresiones.
Asimismo, indicó que la brecha digital es uno de los mayores problemas por los que la educación está atravesando en medio de la pandemia de COVID-19 y que no todos los estudiantes están viviendo esta brecha de la misma forma, por lo que se debe asegurar internet como un derecho humano para todos y todas, desarrollar enfoques pedagógicos emergentes e integrar la virtualidad en la vida diaria.
“Cinco retos que tenemos hoy en defensa del derecho a la educación son: no despersonalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje aun cuando sea vía remota; reafirmar valores como la empatía, la solidaridad, la humildad y el respeto por los demás y por el medio ambiente; incentivar la inteligencia emocional; el control y manejo de la angustia y el miedo; y alcanzar un nuevo equilibro”, puntualizó.
Por su parte, en la misma mesa, la Dra. Aguado Romero afirmó que la actual crisis pandémica debe tomarse como una oportunidad para que los docentes puedan ejercer su derecho fundamental de acceder al sistema integral de formación, capacitación y actualización, sirviéndose de las nuevas tecnologías de la información y, con ello, retribuirle al Estado Mexicano la posibilidad de multiplicar el número de niñas, niños y adolescentes y ciudadanos en general que quiera tener acceso a la educación en el país.
En su intervención, el Dr. Ruiz Canizalez indicó que la contingencia sanitaria por COVID-19 exigió a países y universidades públicas acelerar la disrupción tecnológica, la fusión de tecnologías y disciplinas, los avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y la industria 4.0 en la llamada “sociedad del conocimiento”, que ya se había planteado impulsar en el documento “La educación superior en el siglo XII y líneas estratégicas de desarrollo” de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En la mesa de “Justicia”, la Dra. Nettel Barrera señaló que la responsabilidad patrimonial del estado es un sistema que ha quedado inoperante y no ha dado lugar a que la sociedad se perciba en su garantía de reparación por la actuación irregular de las autoridades administrativas; añadió que el sistema de responsabilidad patrimonial, cuando la vulneración de los derechos humanos esté en el ámbito de las autoridades administrativas por acción u omisión, es un mecanismos de fortalecimiento cuando va incluida la reparación del daño.
La coordinadora de la Maestría y Doctorado en Ciencias Jurídicas de la FD de la UAQ compartió la mesa con el Mtro. José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado; el Mtro. Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro; y el Lic. Salvador Pérez González, magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXI.
