En el estado de Querétaro se reportaron 304 tomas clandestinas durante 2017; en el mes de octubre se registró el mayor robo a ductos
Carlos Perusquía
En 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) identificó 6 mil 873 tomas clandestinas en el país; durante 2017, se registraron 10 mil 363, lo que en comparación representa un aumento de 33.67 por ciento, de acuerdo con el último reporte de tomas clandestinas de la paraestatal.
El hurto de combustible (popularmente conocido como huachicoleo) en la red de ductos de Pemex representa para la compañía paraestatal una pérdida anual monetaria que a su vez repercute a quienes utilizan su infraestructura. La empresa Tesoro es un ejemplo de las corporaciones que usan la red de ductos; en este caso, en Sonora y Baja California.
Hace dos años, Pemex registró pérdidas por más de 19 mil millones de pesos a raíz de las tomas clandestinas, de acuerdo con el segundo informe de revisión de la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En este informe se explica que se realizó la reparación y saneamiento de los ductos debido a la ‘ordeña’, por lo que la pérdida anual total incrementó a más de 21 mil millones de pesos.
A través de una disposición, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le autorizó a Pemex Logística (encargada de prestar servicio de transporte de hidrocarburos a sus demás filiales y a terceros) cobrar una cantidad por el robo de combustible. Es decir, a las empresas que usen los ductos para llevar petróleo, Pemex les podrá cobrar hasta un 0.95 por ciento extra por el producto que se pierda a causa del ‘huachicoleo’.
Para que el robo de hidrocarburo se considere como una pérdida no operativa y sea adjudicado a la empresa que usa el ducto, este hurto deberá superar la estrategia de seguridad de la empresa paraestatal. Sin embargo, cuando el robo resulte de una negligencia (es decir, si Pemex no implementa mecanismos para contrarrestar el ‘huachicoleo’), no se podrá realizar el cobro adicional.
En cuanto a la tarifa extra cobrada a terceros, el organismo regulador también determinó que Pemex debe publicarla a través de su boletín electrónico; sin embargo, hasta el momento la información no se encuentra disponible.
Por su parte, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados exhortó a la CRE a informar si el consumidor final (los automovilistas) observaría un aumento en el precio del combustible.
“(La CRE) indique si con la Resolución emitidas 16 de febrero de 2017 con número RES179/2017, ¿se verá afectado el costo de las gasolinas y diésel? Porque esta es una interrogante muy importante para los mexicanos, que ya viven los estragos del gasolinazo”. De la misma manera, no hubo una aclaratoria al respecto de los precios de la gasolina por parte de la comisión.
