Ricardo Astudillo Suárez presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de protección al consumidor y de la ley para regular las sociedades de información crediticia, la cual ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria desde el 9 de abril de este año.
Astudillo Suarez, dijo que con dicha iniciativa se busca que las sociedades de Información Crediticia queden obligadas a proteger específicamente la seguridad e integridad de los datos personales y crediticios de consumidores lo cual actualmente no está suficientemente regulado.
“La iniciativa pretende evitar discriminaciones injustificadas, aumentar la transparencia y establecer procedimientos claros para corregir errores en historiales crediticios, protegiendo así derechos humanos y financieros”, aseguró el legislador.
Precisó que habrá mayor transparencia en la gestión y acceso a información crediticia, reducción significativa de errores en historiales crediticios, protección efectiva contra discriminaciones injustificadas y exclusión financiera, reducción en costos excesivos para consumidores y fortalecimiento de la seguridad de datos personales y reducción de fraudes financieros relacionados con la identidad.
El Diputado señaló que el buró de crédito puede afectar a las personas de manera negativa en varios aspectos, ya que sus reportes son utilizados por instituciones financieras, empresas y algunos empleadores para evaluar el comportamiento crediticio de una persona, lo cual representa una discriminación, especialmente cuando el reporte contiene información que podría ser mal interpretada o no refleja la verdadera capacidad financiera de la persona.
Subrayó que el buró de crédito ha presentado numerosos excesos violatorios a los derechos de las personas, por ejemplo, recopila y almacena información personal y financiera de los ciudadanos sin su consentimiento explícito. Además que el Buró de Crédito Mexicano ha sido acusado de discriminar a ciertos grupos de personas, como los jóvenes, las mujeres y las personas con bajos ingresos, al negarles acceso a créditos y otros servicios financieros.
Precisó que incluso es una violación a los derechos humanos por la discriminación, ya que tiene varios puntos negativos como el acceso limitado a crédito, tasas de interés más altas y el acceso a oportunidades laborales.
Ricardo Astudillo argumento que información más reciente de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, muestra que 27.3 millones de personas de 18 a 70 años tenían algún tipo de crédito formal, del cual destaca el crédito a través tiendas departamentales o de tiendas de autoservicio y la tarjeta de crédito bancaria.
