En cumplimiento con sus promesas de campaña, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, dio a conocer la propuesta para la creación del Fondo Nacional Banco del Agua, un mecanismo financiero diseñado para asegurar el acceso justo y sostenible al agua en todo el país.
Este proyecto surge como respuesta a la creciente crisis hídrica que enfrenta México, una situación que se ha agravado por el cambio climático y que afecta principalmente a comunidades vulnerables, sectores productivos y el medio ambiente.
Actualmente, el acceso al agua en México se ha convertido en un desafío cada vez mayor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,700 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable, y más del 80% de las enfermedades en regiones en desarrollo están relacionadas con la falta de saneamiento y la calidad del agua.
El crecimiento de la población, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y las sequías prolongadas han provocado un déficit alarmante de agua en el país, especialmente en las regiones norte y centro, donde comunidades completas enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, tanto para el consumo humano como para la agricultura e industria.
El Fondo Nacional Banco del Agua tiene como objetivo crear un mecanismo financiero para la construcción, rehabilitación y conservación de la infraestructura hidráulica, así como para la protección de cuencas y presas. Entre las acciones que contempla este fondo se incluyen:
- Construcción y restauración de infraestructura hidráulica.
- Conservación y mantenimiento de cuencas, bordos y presas.
- Tratamiento y reutilización del agua para maximizar su uso.
- Prevención de inundaciones y recarga de mantos acuíferos.
El Fondo se financiaría mediante aportaciones de los organismos operadores del agua, quienes contribuirán con $1.00 MXN por cada metro cúbico de agua consumida, a lo que se sumaría una aportación similar por parte del Gobierno Federal.
Con esta propuesta, se busca establecer una estrategia de largo plazo para la gestión del agua en el país, alejándose de soluciones temporales y promoviendo un enfoque sostenible que beneficie a las generaciones futuras.
El siguiente paso será la discusión y eventual aprobación de esta iniciativa en el Congreso, tras lo cual se determinarán las reglas de operación, con un plazo máximo de 180 días para su implementación a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Este proyecto refuerza el compromiso con el cuidado del medio ambiente, la justicia hídrica y el bienestar de las futuras generaciones, ofreciendo una solución sólida para enfrentar los retos que el cambio climático y la crisis del agua representan en México.
