El secretario general de la organización, Salil Shetty, afirmó que la ley esconde un esfuerzo
«concertado y peligroso» de mantener a las fuerzas armadas en tareas que corresponden a las
policías.
Ciudad de México El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, llamó al presidente Enrique
Peña Nieto a vetar la Ley de Seguridad Interior,aprobada el viernes por el Congreso de la Unión.
«Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y
peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías», afirmó Salil
Shetty en una carta abierta dirigida al Presidente.
TE RECOMENDAMOS: ¿Qué dice la Ley de Seguridad Interior?
«Amnistía Internacional se encuentra enormemente preocupada, porque la implementación de esa ley, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas», aseguró.
Criticó que la estrategia de seguridad en México ha fallado durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles.
Salil Shetty recordó que hace cuatro años, advirtió al presidente Enrique Peña Nieto sobre la estrategia militarizada «que ansiaba por continuar».
TE RECOMENDAMOS: Si Peña no corrige, acción legal contra ley de seguridad:
CNDH
«El número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial. Este aumento no ha contribuido a una disminución del delito en el país», señaló.
En un comunicado, la organización instó a las candidatas y candidatos para la elección presidencial de 2018 que pidan a Enrique Peña Nieto vetar la ley.
Aseguró que 2017 terminará como el año más violento del sexenio, con la tasa de homicidio más alta en una
década.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que «si el Presidente (Peña Nieto) decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas».
«Esto es un momento de agonía para las y los ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un
Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley», dijo.
