La diputada federal y presidenta del PRI Estatal Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, reiteró su firme posicionamiento en defensa del agua como un derecho humano que debe ser prioritario para el consumo personal y doméstico, sin ser tratado como una mercancía.
Arredondo Ramos subrayó que el PRI respalda que cada persona cuente con agua suficiente y de calidad. Además, apoya la creación de una estrategia nacional de cuidado, reúso y protección del líquido, así como la eliminación de monopolios y la promoción de una cultura hídrica comprometida con el medio ambiente.
Sin embargo, la legisladora advirtió que la iniciativa impulsada por Morena va en sentido contrario. Señaló que el Estado no puede ni debe monopolizar el acceso y la distribución del agua, ni concentrar todas las facultades para definir los volúmenes destinados a cada sector en un solo funcionario.
Consideró grave que se pretenda legislar sin escuchar a quienes viven del campo, crear un Fondo de Reserva con fines políticos y aprobar una ley «al vapor» que excluye la opinión de especialistas y de los sectores afectados. La diputada afirmó que México no merece una legislación que abandone a campesinos y productores.
Explicó que eliminar las concesiones bajo el argumento de una “reasignación” provocaría que las parcelas pierdan la mitad de su valor, afectando directamente el patrimonio de miles de familias. Al concentrar el control del agua en el gobierno federal, afirmó, se abre la puerta al uso arbitrario y discrecional del recurso, lo que deriva en un mecanismo de control político que roza el autoritarismo.
La diputada recordó que no se cumplió con la consulta previa a los pueblos originarios, ni se escuchó a campesinos y organizaciones agrarias, ignorando la situación de más de 26 millones de personas que viven de la agricultura y la ganadería.
De igual forma, Arredondo Ramos lamentó la falta de claridad sobre los mecanismos de coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales. Argumentó que varios artículos dejan todo en manos de la CONAGUA sin definir cómo deberán operar los organismos locales, lo que en la práctica anulará el federalismo.
Finalmente, la legisladora recordó que el actual gobierno «ha golpeado al campo desde 2018», eliminando más de 24 programas productivos, desapareciendo instituciones como Financiera Rural y ahora pretendiendo restringir el uso del agua para fines productivos. Sentenció que esta reforma constituye un abuso y una muestra del talante centralista, pero aseguró que la resistencia social prevalecerá.
