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La noche del 26 de septiembre del 2014, policías municipales de Iguala, Guerrero e integrantes de una célula de narcotráfico local (Guerreros Unidos) arremetieron brutalmente en contra de los autobuses que transportaban a un grupo de 80 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los cuales se dirigían a la marcha conmemorativa del 2 de octubre del 68. Dando como saldo, 5 normalistas muertos en el acto, 20 resultaron heridos y 43 jóvenes que después de centenares de marchas y decenas de investigaciones, siguen desaparecidos.
En esa sintonía, 6 años han pasado de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno ha sido omiso en actuar y esclarecer los hechos ocurridos aquella noche, ha ocupado a diversos servidores públicos para que se obstruya la investigación. En 2014, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, creó su verdad histórica, diciendo que los normalistas fueron quemados por narcotraficantes en un basurero, esperando así, que la indagación concluyera y no se registrara como un crimen de Estado.
Esta deducción emitida por el gobierno priista, fue rotundamente rechazada por la comunidad científica, la cual fue desmentida por estudios posteriores del Equipo Argentino de Antropología Forense, que demostraron que era totalmente imposible que en un basurero hubiese ocurrido un incendio de tales dimensiones. Y fue hasta mediados del año 2018, que un juez federal giró instrucciones para la creación de una “Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa”, concluyendo que la investigación por parte del Estado Mexicano no fue efectiva, independiente ni imparcial.
El caso Ayotzinapa, aparte de ser un hecho de violación de derechos humanos, nos hace ver la grave situación en la que vivimos en materia de educación, la pobreza y la desigualdad. Las escuelas normales rurales, como la de Ayotzinapa, han sufrido el abandono total por parte del Estado, así como un déficit financiero, con la intención de desmantelar estas escuelas que han sido tradicionalmente lugares de enseñanza y de pensamiento crítico de izquierda, tal y como sucedió hace más de 50 años.
La verdad es que, el dolor que causa la represión contra estudiantes, no es ajeno a las víctimas u ofendidos, esto, crea en todo un país, un sentimiento de indefensión y miedo, así como una herida que no sana. Se tiene que conocer la verdad y saber el paradero de aquellos estudiantes, la justicia dependerá de que sigamos alzando la voz, del trabajo arduo de las organizaciones que acompañan a madres, padres y familiares de las víctimas, pero, sobre todo, de la solidaridad de un país.
